La democratización del mercado, con todo lo que vimos que implica, es lo más importante para que la distribución de la riqueza sea justa y equitativa. Pero el mercado, por más democrático y justo que sea, no resuelve todos los problemas. Hay básicamente dos grandes problemas económicos por los cuales el mercado, aunque funcione de modo plenamente democrático, no es suficiente, y se requiere la acción de otros dos grandes sectores y circuitos de distribución económica, que son la economía pública y estatal, y la economía solidaria y de comunidades.
Un primer problema y asunto que el mercado y los intercambios no pueden por sí mismos resolver, es que, como en el mercado se accede a los recursos y a los bienes y servicios mediante los intercambios, en el mercado se participa en la medida de lo que se tiene, y quien no tiene nada o tiene muy poco para ofrecer, no puede alcanzar por su intermedio los bienes y servicios necesarios para subsistir y satisfacer sus necesidades básicas. Es así que quedan fuera del mercado quienes no poseen activos y bienes que intercambiar, o que si los poseen no encuentran demanda por parte de otros que estén dispuestos a pagar por ellos. Así, existe una proporción de personas y grupos sociales que quedan excluídos del mercado: los más pobres, los huérfanos, los ancianos, los discapacitados, los enfermos, la fuerza de trabajo menos calificada, los que poseen muy pocos conocimientos, etc.
Por esta razón el mercado no puede ser el único medio de distribución de la riqueza en ninguna sociedad, porque ello implicaría la muerte de innumerables personas. Todos tenemos derecho a vivir y a satisfacer nuestras necesidades fundamentales. Las necesidades básicas de esas personas y grupos que no pueden satisfacerlas mediante el empleo de sus capacidades, de sus recursos, de sus conocimientos y de su trabajo, deben ser resueltas fuera del mercado de intercambios, y la sociedad debe estar consciente de ello y organizar los medios para resolver ese problema.
De las necesidades de estas personas habrán de hacerse cargo, en primera instancia los familiares y cercanos, las comunidades de que forman parte, también con el aporte de las donaciones de otras personas y organizaciones generosas; y en última instancia el Estado, conforme al principio de subsidiaridad.
Otro problema y asunto que el mercado y los intercambios no pueden resolver, es el de la producción de los llamados 'bienes y servicios públicos', a los que todos los miembros de la colectividad acceden libremente, sin que su uso por unos excluya el uso por otros. Tales bienes y servicios públicos están habitualmente destinados a satisfacer necesidades que son comunes a todos los miembros de una colectividad, o que los benefician a todos, por ejemplo, los tribunales de justicia, el cuidado del medio ambiente, la defensa nacional, el orden público, las calles y caminos, las plazas y museos, la televisión abierta, los servicios estadísticos, ciertos niveles de educación y salud que han de tener todos los ciudadanos, la regulación y control de la producción, del comercio y las finanzas, y varios más.
La razón de que el mercado no puede organizar la producción, distribución y consumo de estos 'bienes públicos', es que los individuos que se benefician de su 'valor de uso' no están dispuestos a pagar el 'valor de producción' correspondiente, porque el acceso a ellos es libre y puede hacerse sin asumir ningún costo. Y si algunos estuvieran dispuestos a pagar, tendrían que asumir un costo muy alto, pagando por los que no quieran hacerlo. Así, para que tales bienes y servicios públicos se produzcan, su 'valor de producción' tendrá que ser asumido por el Estado, o por quien represente a la colectividad beneficiaria y pueda imponer obligaciones o impuestos que les permitan solventarlos.
En la economía moderna se ha considerado y establecido que corresponde al Estado atender esos dos grandes problemas que el mercado no puede resolver – el de los excluidos del mercado y el de los 'bienes y servicios públicos'. El Estado atiende esas necesidades estableciendo un circuito de distribución no mercantil, no basado en intercambios, sino en tributaciones y asignaciones. Por un lado recolecta centralizadamente recursos y dinero, a través de distintas tributaciones e impuestos que pagan obligatoriamente las personas y las empresas. Por el otro lado distribuye recursos, bienes y servicios, mediante el gasto público y diferentes asignaciones y subvenciones.
Ahora bien, en los hechos los Estados modernos han venido creciendo en tamaño y en funciones económicas de manera sistemática, durante muchas décadas. Entre las causas de tal crecimiento hay dos fundamentales. Por un lado, que viene aumentando la proporción de la población que resulta excluida o marginada del mercado; por otro lado, que ha estado aumentando constantemente la cantidad y variedad de necesidades que se satisfacen con bienes y servicios que caen bajo la calificación de 'bienes y servicios públicos'. Se trata de los mismos fenómenos que analizamos cuando tratamos el tema del consumo, sólo que allí los observamos como una de las dinámicas que determinan el consumismo y el incremento de las demandas y derechos que la población exige al Estado.
Pero hay problemas muy serios en este crecimiento del Estado. Y es que la exigencia para que el Estado satisfaga las carencias de la población y para que provea crecientes bienes y servicios públicos, tiende a incrementarse al infinito; porque quienes obtienen los beneficios de este modo, no sienten ni perciben los costos de producción de esos bienes y servicios, que son asumidos por la sociedad en su conjunto, que aparece como algo abstracto, y siempre en alguna medida ajeno y exterior. Consecuencia de esto es que, al mismo tiempo que aumenta la cantidad de la población que satisface sus necesidades por esta vía, disminuye la cantidad de personas que desarrollan sus capacidades y motivaciones para producir y crear valor.
Resultado de esto es que, en vez de crearse condiciones para una mayor igualdad, se va generando una creciente fractura entre: cada vez menos productores autónomos, y cada vez más consumidores dependientes. La equidad que pudiera pensarse que se logra incrementando los impuestos a los primeros y los beneficios a los segundos, es más aparente que real. Si bien se aproximan en sus niveles de acceso y consumo de bienes y servicios, se distancian crecientemente en sus niveles de desarrollo de capacidades y recursos.
¿Hay solución? ¿Cuál sería la forma de resolver estos problemas en la nueva economía?
La verdadera solución a estos dos problemas, si se quiere una economía justa, eficiente y equitativa, es la creación y desarrollo de un tercer sector económico, que podemos llamar economía de solidaridad, de trabajo y de comunidades. Establecer entre la economía de mercado y la economía del Estado este nuevo sector económico, tiene impactos notables en la solución de los dos grandes problemas económicos que estamos analizando.
Respecto al primer problema, esta economía solidaria reduce la exclusión y marginación del mercado, y permite la reinserción de muchos que están actualmente excluidos y marginados; y lo hace no generando la pasividad de los receptores de beneficios públicos, sino la actividad y potenciamiento de las capacidades que tienen los productores y los consumidores creativos, autónomos y solidarios.
Por otro lado, esta economía solidaria puede hacerse cargo de una parte significativa de las necesidades comunes o generales que se satisfacen con los llamados 'bienes públicos'. El modo de hacerlo es haciendo que las comunidades locales se responsabilicen de proveer aquella parte de los bienes públicos que son utilizados exclusivamente por los integrantes de esas comunidades locales. Porque en realidad, muchos de los 'bienes públicos' a los que teóricamente tienen libre acceso todos los miembros de la sociedad en general, en los hechos satisfacen necesidades que son exclusivamente de quienes integran comunidades locales o menores.
Para enfrentar las necesidades de cuidado del ambiente, protección ciudadana, entretención y esparcimiento, salud y educación y otras, hay muchos bienes y servicios que son de uso local y que pueden ser provistos localmente. En vez de tributar y pagar impuestos al Estado para que éste provea, los participantes de esas comunidades locales organizadas podrían destinar esos recursos a proveer los 'bienes públicos' localmente necesarios.
Y al establecer una mayor proximidad entre los beneficiarios de los 'bienes y servicios públicos' y el grupo o colectivo que asume los costos de proveerlos, esos 'bienes públicos' serán más adecuados a las necesidades reales de esa comunidad, y serán también mejor cuidados por quienes los emplean.
Como efecto adicional de todo ello, ocurrirá también que las comunidades locales se empoderen y desarrollen sus capacidades de resolver sus problemas y necesidades, sin siempre delegar y esperar que todo provenga de las colectividades mayores que terminan ejerciendo poderes sobre ellas. Todo esto es coherente y consecuente, también, con las dinámicas propias de la nueva política, tal como la hemos examinado.
Concluimos así esta reflexión sobre la nueva economía, observando que lo más conveniente es una economía pluralista, constituida por tres sectores económicos: el del mercado de intercambios, el de la economía pública y estatal, y el de la economía de solidaridad, trabajo y comunidades.
El tamaño mejor para cada uno de los tres sectores - el mercado de intercambios, el sector público y el sector solidario - no puede determinarse en general, sino que ha de corresponder a las condiciones sociales, culturales y políticas de cada país y de cada lugar. Pero es importante un equilibrio entre ellos, teniendo en cuenta que mientras más un sector se constituye internamente de modo democrático y eficiente, mayor es el tamaño que puede alcanzar sin afectar negativamente a la sociedad.
Un sector de mercado de intercambios altamente concentrado que genera mucha pobreza y exclusión, hará necesario un mayor tamaño del Estado. Un Estado que concentre demasiadas funciones y que asuma sobre sí la responsabilidad de una excesiva cantidad de las necesidades de un porcentaje creciente de la población, generará un mercado de intercambios y un sector solidario atrofiados, con lo que se tenderá a generalizar la dependencia y la pobreza. Un sector solidario amplia y democráticamente desarrollado, implicará que los sectores estatal y mercantil de la economía sean equilibrados, dimensionados a los aportes genuinos que puedan hacer al desarrollo humano y social, sin fomentar el consumismo ni el crecimiento no sustentable de los recursos y del medio ambiente, como ocurre actualmente.
Con estas ideas ponemos término al análisis de la nueva economía, y nos encaminamos a las reflexiones de síntesis y conclusión.
Luis Razeto
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