Luis Razeto - Howard Richards
Gustavo Canihuante - Pablo Razeto Barry
Invitados por UNIVERSITAS NUEVA CIVILIZACIÓN a reflexionar y compartir diagnósticos e ideas sobre los posibles caminos de solución frente los gravísimos problemas y situaciones que afectan a la educación chilena, hemos recogido y sintetizado en este artículo lo que aprendimos en muchos años de experiencia en el campo de la educación, del trabajo social y de la búsqueda intelectual y científica.
Es un texto polémico, que arriesga ideas y propuestas audaces, que requieren ser más ampliamente analizadas y discutidas, matizadas, precisadas e integradas en un contexto de análisis más amplio. Pero estamos ciertos que merecen ser seriamente consideradas por los actores que tienen alguna responsabilidad en el tema de la educación, porque abren caminos de búsqueda nuevos frente a problemas de antiguo origen y desarrollo, que siguen sin encontrar vías de solución eficaces con las ideas que hasta ahora han estado presentes en los debates públicos.
Esperamos contribuir con nuestro aporte al debate necesario, que requiere la más alta dedicación y altura intelectual y moral, porque están en juego los niños y jóvenes de Chile y el futuro de nuestro país.
Desde la explosión del movimiento estudiantil en 2011 se ha abierto en el país un debate institucional y político sobre diversos temas relacionados con la educación, pero sorprende que prácticamente no se hable de los objetivos que debiera proponerse en los próximos años la educación chilena. Al observar los planteamientos de las principales actores del debate se ve casi imposible que converjan en acuerdos por la sencilla razón de que hablan lenguajes diferentes, y a menudo se emplean expresiones y consignas mal entendidas, como cuando se habla de ‘calidad de la educación’ sin precisar los objetivos, o de ‘educación pública’ sin delimitar bien el espacio de lo público, o de ‘gratuidad’ y de ‘lucro’ sin precisar los contenidos económicos que implican tales nociones. Se observa al respecto una lamentable ignorancia de la historia nacional y escasa formación en educación cívica, en ciencia política y en economía.
Conscientes de estas carencias y queriendo hacer un aporte, nos propusimos pensar el tema desde una perspectiva de largo plazo pero con el realismo necesario para que las propuestas pueden servir al encauzamiento y solución de los problemas de hoy.
A la primera y decisiva pregunta por los objetivos que debiera asumir cualquier transformación de la educación en el país en el plano estructural e institucional, proponemos que ellos han de ser: 1. La integración social, que implica reducir sustancialmente la enorme desigualdad de condiciones y de oportunidades que divide a la sociedad chilena y que se manifiesta y reproduce también en la educación; y 2. El desarrollo humano y económico-social sustentable, que junto a transformaciones profundas en el modelo económico y en el modelo cultural, implica el ingreso activo de la nación en la llamada sociedad del conocimiento.
El primero de estos objetivos surge con fuerza desde el movimiento estudiantil, que clama por un cambio profundo en la educación al percibir que ésta no les garantiza ningún futuro que les parezca aceptable. El segundo objetivo surge desde las transformaciones históricas que están en curso en la sociedad contemporánea, que plantean desafíos ante los cuales la nación chilena no puede permanecer ajena ni ausente.
Pero si bien analíticamente podemos concebir la integración social y el desarrollo humano sustentable como dos objetivos distintos, en realidad no los podemos pensar ni cumplir separadamente, porque en realidad son las dos caras de un mismo proceso y del gran desafío que como nación tenemos por delante. En efecto, no podrá haber integración social sin desarrollo sustentable y sin ingresar a la sociedad del conocimiento, y no podrá haber desarrollo sustentable sin integración social y sin superar las desigualdades socialmente inaceptables.
En este texto buscamos precisar cuáles han de ser los grandes cambios que requiere la educación chilena, a partir de la realidad y de las condiciones en que se encuentra actualmente, si queremos avanzar seria, consistente y rápidamente en la dirección de lograr esos objetivos. Lo abordaremos examinando los siguientes siete puntos:
1.-Educación y desigualdad social.
2.-La educación en los sectores llamados ‘vulnerables’.
3.-La educación en los ‘sectores medios’.
4.-Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en la escuela y la enseñanza.
5.-La educación en los sectores privilegiados.
6.-Cuánto mercado, cuánto Estado y cuánta sociedad civil.
7.-Sobre frustraciones y satisfacciones en la educación.
1. Educación y desigualdad social.
Si queremos hablar en serio de educación, y hacerlo tomando en cuenta las verdaderas y hondas raíces desde las que se levanta la auténtica explosión social que significa el movimiento estudiantil, hay que partir reconociendo que un problema de fondo que es necesario y urgente enfrentar y resolver, es el de la enorme desigualdad - de condiciones y de oportunidades - que divide a la sociedad chilena.
No se entiende en absoluto el problema y no se lo podrá resolver si no partimos reconociendo que lo que ha levantado vigorosamente el movimiento estudiantil, es una fuerte demanda de igualdad social en un contexto marcado por una demasiado evidente fragmentación nacional.
Para analizar el problema asumiremos la distinción propuesta por el historiador y profesor Gustavo Canihuante cuando señala que el mayor problema nacional es la categórica fragmentación de Chile en tres países muy distintos: un Chile A, ya desarrollado en cuanto a ingreso por persona, con alrededor de un 12 % de la nación; uno BC, el tradicional, con dos tercios de la nación, con una mezcla de grandes avances e inseguridades, y el Chile D, en creciente e insalvable deterioro.1
Frente a esta realidad de fragmentación, que se torna evidente e inaceptable para los jóvenes y sus familias al comprobar cada día las condiciones desiguales e inequitativas que el sistema escolar ofrece a los distintos sectores socio-económicos, se afirma y se espera que la situación sea enfrentada también desde la educación. Porque existe conciencia de que la educación es una herramienta poderosa, que por un lado reproduce la desigualdad, y que por otro pudiera convertirse en instrumento eficaz para superarla. ¿Es realista esta última pretención? ¿Puede la educación ser una herramienta decisiva para superar la fragmentación del país?
Antes de proponer una respuesta debemos decir que, en nuestra opinión, se equivocan rotundamente el gobierno y la ‘clase política’ si piensan que el movimiento estudiantil va a decaer y someterse por cansancio o por intereses de menor cuantía. Y es que la causa por la que luchan los jóvenes y quienes los acompañan la sienten casi como una cuestión de sobrevivencia y en cierto modo sagrada. Es la conciencia de que los niveles de inequidad y fragmentación social existentes en Chile son inadmisibles, vergonzosos, atentatorios de los derechos fundamentales.
Las demandas del movimiento estudiantil son nítidas y no dejan lugar a confusión en cuanto a lo que aspiran obtener: que la educación sea instrumento de igualdad. Para lograr que ello ocurra, los estudiantes parecen creer que dicho objetivo pudiera alcanzarse haciendo que la educación en Chile sea igual para todos. Con ello, se piensa, la educación dejaría de ser un instrumento que reproduce la desigualdad. Y como el único modo en que parece posible concebir una educación igualitaria es que la asuma el Estado, se pone el énfasis en que el Estado asuma en sus manos la educación en la forma más amplia posible. Y al mismo tiempo se combate el ‘lucro’ en la educación, de modo de sacarla de la lógica del mercado, que se percibe generador de la desigualdad. La meta que se persigue con ambas demandas es: educación pública, igual para todos, para generar condiciones de igualdad social.
Pues bien, pensamos que los estudiantes tienen plena razón en el objetivo, pero que se equivocan en la solución que proponen, o que es muy parcial e insuficiente. Y pensamos que es importante comprender por qué.
El argumento que subyace en las demandas de educación pública gratuita y sin lucro, igual para todos, es el siguiente: si la educación reproduce las desigualdades al mantener educación particular pagada para el Chile A, educación particular subvencionada y educación pública de nivel medio para el Chile B-C, y educación municipal muy deficiente para el Chile D, habría que romper este círculo vicioso que reproduce la desigualdad, estableciendo una educación pública lo más igual posible para todos, que no dependa del mercado y de las fuerzas del dinero, sino del Estado, único supuesto agente igualador en lo social.
Pero aquí se esconde un error. Una educación igual para todos, ofrecida a los estudiantes de clases sociales tremendamente desiguales, no sirve para generar equidad ni igualdad de condiciones ni de oportunidades, sencillamente porque éstas desigualdades en las condiciones y las oportunidades no se generan en la educación, aunque ésta las reproduzca, sino en otro nivel de la organización de la sociedad, y fundamentalmente en el sistema económico y político imperante.
Pero es verdad que la educación puede hacer mucho para superar la fragmentación social y crear condiciones de creciente igualdad. La pregunta es, entonces, ¿qué tendría que hacer la educación para generar procesos de igualamiento y equidad social? ¿Y cómo podría la educación servir al necesario proceso de transformación del modelo económico y del modelo cultural prevaleciente? Pensamos que la respuesta es muy diferente a lo que proponen los estudiantes, porque para transformar la realidad hay que partir de la realidad. Nuestra respuesta es que, para generar mayor igualdad social a partir de realidades tan diferentes y separadas, la educación debe ser diferenciada: una educación muy distinta para los niños y jóvenes del Chile A, del Chile B-C y del Chile D. Y en los tres casos muy distinta de la que existe actualmente.
Pensemos cómo debiera ser la educación para cada uno de estos segmentos de la sociedad, de modo que genere procesos tendencialmente igualitarios.
2. La educación para los sectores llamados “vulnerables”.
Empecemos por el Chile D, el del 20 % menos integrado a la vida económica y civil oficial, y que no lo entendemos bien desde una óptica puramente economicista, sino partiendo de sus condiciones y parámetros culturales. O sea no los pensemos tanto como pobres sino como marginados del sistema económico y en proceso de deterioro cultural y social. Una parte significativa de este Chile marginalizado presenta niveles de delincuencia, drogadicción y violencia que están aumentando penosamente. Es en su mayoría gente que tiene trabajo precario, que a menudo no tiene ningún trabajo, y por eso no son parte de la clase trabajadora. En un porcentaje mayor que en otros estratos sociales se presentan aquí las adicciones o la costumbre de consumir en exceso alcohol y de usar drogas proscritas. Una parte significativa de este Chile marginalizado ha aprendido a suplir sus escasos ingresos legítimos con la delincuencia, la prostitución, y otras actividades al margen de la ley. No se trata simplemente de trastornos de conducta de ciertos individuos, sino de subculturas con sus normas y jergas propias.
Muchos entre los participantes de este sector no son económica ni socialmente vulnerables. Es más bien al revés. El resto de la sociedad es vulnerable, porque a lo larga no puede defenderse contra las olas crecientes de la delincuencia y el narcotráfico. Los mal llamados vulnerables se consideran jóvenes normales. Aman a sus familias aunque sean sus familias irregulares según los criterios de normalidad tradicional de clase media. A menudo los jóvenes mismos son de hecho jefas y jefes de hogar. Quieren a sus amistades, y hasta quieren a la escuela en cuanto lugar de encuentro de amigos. Practican deportes. Toman cerveza. Gozan del sexo. Gozan de las fiestas. Sobre todo gozan de las grandes fiestas trasnocheras con música fuerte, alcohol, a menudo marihuana y pasta base, y baile sensual hasta el amanecer.
Si la sociedad quiere que asuman una cultura que rechace al robo, a la droga, a la delincuencia, y a la mala conducta en general, la sociedad tiene que hacerles una mejor oferta. Ya tienen sus placeres. Tienen incluso el placer de burlarse de la autoridad. La mejor oferta que tiene que hacerles la sociedad debe pasar por la escuela. La escuela tiene que ofrecer la cultura sana a una clientela que hasta ahora no ha querido comprarla.
Sea claro: la educación, supuestamente ‘de calidad’, a la que acceden los niños y jóvenes del Chile A, no sirve para los niños y jóvenes del chile D. No les sirve, no les interesa, no la pueden asimilar. Es bastante obvio. Pero tampoco les sirve la educación pública que dispone actualmente el Estado, ni la educación de los colegios particulares subvencionados.2
En la práctica, la oferta principal que hace la escuela al alumno es que por estudiar puede tal vez llegar a ser profesional o técnico, y como profesional o técnico puede ganar dinero. Encontramos que la escuela carece de ideales a pesar de los grandes objetivos transversales que debe servir según sus objetivos oficiales. Dicho de otra manera, el ideal de la escuela y de la sociedad entera es cada vez más de carácter mercantil. La escuela sirve al mercado por formar recursos humanos. Forma mano de obra calificada para vender en el mercado laboral. Forma competencias para producir los perfiles que el mercado laboral apetece. Así la escuela compite con la cultura de la droga y la delincuencia en un terreno en donde hasta nuevo aviso la cultura de la droga y la delincuencia gana a la cultura de la escuela. De hecho para muchos de los jóvenes la cultura narco es el camino corto para realizar el ideal que la sociedad neoliberal les propone: ganar más dinero con mayor facilidad y con mayor rapidez.
Los encapuchados que se infiltran en el movimiento estudiantil y en sus manifestaciones organizadas, provienen probablemente en buena parte de estos sectores. Ellos son también un actor en escena, y quieren serlo. No es extraño el que no les interese realmente la educación, sino hacerse notar, exponer su presencia ante todo el país. Están actuando como un poder fáctico bastante fuerte, son parte de un sector de la sociedad que es capaz de amenazar el orden y la vida de toda la sociedad. La represión no es la solución, porque no es reprimible como sector social, no le teme al sistema, a los políticos, a la justicia, a la policía. Son autosuficientes, son poderosos fácticamente. La sociedad debe desarrollar para ese sector, una política educacional especial, hacerle una oferta mejor que esa que reciben desde la delincuencia.
La superioridad de la recompensa material de la vida anti-social sobre la recompensa material que ofrece la vida pro-social se soluciona solamente en forma parcial con micro-empresas y servicio comunitario. Es claro que una base material que hace posible vivir con los valores típicos de la clase trabajadora y la clase media es imprescindible. Los marginados deben tener por lo menos la posibilidad física de vivir sin violar la ley. Pero algo más es necesario. Es necesario también una cultura de la solidaridad, bella y amorosa. Es necesaria una civilización que supere la quiebra moral de una sociedad demasiado mercantil.
En las escuelas apropiadas para el Chile D, asignaturas fundamentales debieran ser el canto, el baile, y el deporte. El “currículo oculto” será la solidaridad. Desde sus primeros días en la institución escuela el niño comenzará a vivir en una sociedad de conocimiento en la cual hay aprendizaje toda la vida, en donde el aprendizaje activo alterna con actividades recreativas y solidarias, en donde hay siempre respeto a las personas, en donde los placeres convocan a las conductas pro-sociales, y en donde las prácticas materiales funcionen para incluir a todos sin excluir a nadie.
Hay que convertir las escuelas y liceos en espacios de acogida, de recreación y de desarrollo personal, donde los niños puedan jugar y aprender, además de desarrollar un trato amistoso con sus pares. Es necesario que los adolescentes no sigan pensando en los liceos como en cárceles sino en espacios de convivencia, de recreación, y de un aprendizaje relacionado con sus reales expectativas.
Será también fundamental la formación de destrezas prácticas, que generen posibilidades de empleo y alternativas de trabajo por cuenta propia. La perspectiva de acceder a los estudios superiores debe estar siempre abierta, facilitarse en cuanto se pueda, aunque el realismo exige pensar que puede lograrse a un ritmo más lento, pues no se trata solamente de ‘entrar’ a la Universidad sino de estar preparados para realizar los estudios con éxito y egresar con un título profesional.
Una educación como la necesaria para este segmento de la sociedad es carísima, y requerirá cantidades ingentes de recursos humanos, materiales y financieros. Pero la sociedad debe disponerlos, pues se trata de enfrentar el más grave de los problemas que afectan a nuestra sociedad, y que si no es satisfactoriamente resuelto constituirá un peligro creciente para todos.
El Estado debería concentrar sus mejores esfuerzos y recursos en esta parte de la educación necesaria. En vez de proponer una educación pública igualitaria, se debiera perseguir una educación pública de la más alta excelencia y con la mejor dotación de recursos dirigida a estos sectores marginales, como primera prioridad. Pero es claro que el problema no se resuelve simplemente destinando recursos, sino que es necesario dedicarlos coherente y sistemáticamente en conformidad con una nueva pedagogía y una nueva educación, adaptada a las necesidades y a la cultura de estos sectores sociales.
3. La educación para los ‘sectores medios’.
Pasemos ahora a considerar la educación necesaria para el Chile B-C, de los sectores medios en toda su gama social. Lo que les ofrece actualmente el sistema escolar no solamente no le sirve, sino que constituye en gran medida un engaño. Cumplen doce y más años de escolaridad básica y media que no los habilita para la vida productiva ni para una sana inserción y convivencia social, y acceden en un alto porcentaje a estudios de nivel superior para los que están escasamente preparados. Sea que ingresen a la Universidad o a Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, esperan alcanzar una profesión que les genere ingresos normales para una vida digna. Pero esta educación superior, masiva y en gran parte de insuficiente calidad, no les cumple la promesa.
Quizás tan grave como el problema de la integración en la sociedad de los maginados de la economía sea la falta de trabajo para los graduados de la educación superior. Las universidades y los Institutos Profesionales se llenan con alumnos que son los primeros de su familia que llegan al nivel terciario. En total son ahora más de un millón doscientos mil alumnos en la educación superior chilena. Todos o casi todos esperan mayores ingresos como una consecuencia de su movilidad social. Pero ya hoy la mayoría de los graduados no encuentren trabajo en el campo de su carrera. Ya hoy la mitad de los jóvenes de treinta años viven con sus padres porque no logran independizarse. Mañana esperamos un país lleno de profesionales y técnicos cesantes y endeudados, graduados y sus familiares amargados por el fin de sus ilusiones.
Es evidente que la economía nacional no está en condiciones de absorber la cantidad de profesionales y técnicos que produce el sistema. Con razón se informa que deserta un cuarenta por ciento de los matriculados, y solo la mitad de los que egresan ejercen la profesión que estudiaron, para la cual la mayoría no está realmente preparada. Y sabiendo esto, sorprende que las autoridades educacionales se planteen reducir el número de años de estudio necesarios para titularse profesionalmente y graduarse como licenciados.
Para el amplio sector de estudiantes del Chile BC, se requiere una reforma educacional profunda e integral. Pero no concebida con criterios de homologación sino exactamente al revés, tendiente a multiplicar las opciones, a crear diversidad y pluralidad de orientaciones y métodos. Las sociedades modernas son crecientemente complejas y diversificadas, y para tal diversidad debiera preparar la educación.
Habría que convocar a todos los grupos e instituciones que dispongan de capacidades e idoneidad, a que proyecten y realicen iniciativas educacionales. Por supuesto el Estado y las instituciones públicas han de ser actores principales. Pero será importante el aporte que puedan hacer las asociaciones gremiales, empresariales, comerciales, profesionales, industriales, agrícolas, mineras, todas las cuales tienen una información mucho más certera de los requerimientos de profesionales y técnicos de su sector, y de las mallas curriculares y equipamientos más adecuados.
Pero es absurdo que el único destino al que conduce la educación media, además del desempleo o empleos no calificados y precarios, sea continuar estudios de nivel superior. La educación de nivel secundario debe diversificarse y abrir efectivos espacios de formación laboral y técnica, permitiendo que sus egresados estén calificados para una variedad de actividades laborales y empleos que, en los hechos, están siendo actualmente ocupados por graduados de la educación profesional y técnica superior, y que no corresponden a los títulos obtenidos en ésta.
Síntoma indiscutible de la distorsión que tiene la educación media es lo que sucede en los días de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), en los cuáles una mayoría de los egresados de la enseñanza media, que a su vez son la mayoría de la respectiva generación etárea, piensan que su futuro ocupacional será ser jefes o profesionales altamente calificados. ¿Es que nadie se pregunta por los técnicos, operarios y funcionarios que supuestamente esos profesionales dirigirán en la ejecución de las tareas y actividades socialmente necesarias?
Será necesario cambiar curriculums de estudios y métodos pedagógicos. Un tema que a este respecto se torna importante considerar es el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en la educación, en una época en que estamos entrando a la llamada ‘sociedad del conocimiento’.
4. Las TICs en la escuela y la enseñanza.
El empleo de las TICs será sin duda de creciente importancia, y los esfuerzos que se han hecho para dotar a las escuelas y colegios de los medios técnológicos indispensables es destacable y deberá continuar. Pero no basta disponer de equipamiento tecnológico para elevar la calidad de la educación. Es indispensable perfeccionar el uso metodológico y disponer de las aplicaciones apropiadas.
Hoy en día es casi un consenso que el uso de TIC en educación tiene grandes potencialidades, pero que su despliegue efectivo es aún deficiente Una de principales causas mencionadas, tanto por la literatura especializada como por las autoridades, es que no basta con la introducción de las tecnologías, sino que es necesario desarrollar y evaluar metodologías que orienten el trabajo del profesor en el aula. Al respecto, hay que tener en cuenta que en Chile, el tiempo empleado por los profesores en horas lectivas es muy alto comparativamente con otros países, y en general la mayor parte del tiempo utilizado es para clases expositivas (el profesor hablando y dando instrucciones), en contraste con las clases no expositivas (clases prácticas, horas de trabajo colaborativo o mediado y horas de trabajo autónomo). Además, el 81% de los profesores de educación media en Chile recurre a la clase expositiva a todo un grupo curso y prioriza la transferencia verbal de información. Probablemente la razón de esto es que las clases no expositivas son difíciles de manejar cuando el número de estudiantes por curso es elevado, pues en Chile cerca de un 40% de los profesores tiene más de 39 estudiantes por sala y un 54% tienen entre 30 y 39 estudiantes en aula. Otra razón tiene que ver con la tendencia de los profesores a reproducir la forma en que se les ha enseñado.
Chile es uno de los países con mayor carga laboral entre profesores de escuela, y esto se asocia a altos niveles de patologías laborales incluyendo niveles elevados de estrés. Adicionalmente, sólo el 8% de los profesores en Chile declara realizar todo su trabajo dentro de su jornada laboral. Si a esto sumamos que el 58% de los profesores en Chile tiene una jornada sobre las 40 horas semanales, donde el 85% de su jornada laboral es de trabajo en aula y un 32% declara descansar menos de 5 minutos diarios durante su jornada, no es sorprendente suponer que esta fuerte intensificación laboral, repercute negativamente en su bienestar psicológico y salud, y consiguientemente en la enseñanza a los estudiantes.
La baja calidad y alta desigualdad en los niveles de aprendizaje no debidos a condiciones socioeconómicas ni tampoco a los propios esfuerzos y talentos de los estudiantes, es algo ya conocido. Solo mencionamos como un dato particularmente relevante que en Chile se ha visto que el puntaje promedio obtenido en el Sistema de Medición de la Calidad en la Educación (SIMCE) de los estudiantes que tuvieron un profesor evaluado como “destacado” en la evaluación docente es de 25 puntos mayor al obtenido por quienes tuvieron un docente que obtuvo la calificación de “insuficiente”. El rendimiento de los alumnos (SIMCE) tiene una alta relación con la calidad del profesor. Y uno de los aspectos que afectan la calidad del aprendizaje de los alumnos es que un elevado porcentaje de los profesores no domina bien las materias que enseña. Todo esto implica una fuerte desigualdad del aprendizaje que adquieren los alumnos debido a diferencias en calidad de los docentes, asunto que no es responsabilidad de los estudiantes, que sufren las injustas consecuencias de estas diferencias.
Los distintos aspectos señalados hacen que, si bien las TICs prometen servir de herramienta para mejorar aspectos de calidad y desigualdad en la educación, en general los materiales pedagógicos de apoyo a la docencia, son percibidos por la mayoría de los docentes como insuficientes (66%) y poco pertinentes (51%).
En este sentido nos permitimos destacar algunos criterios y aspectos del Método Gödel, con que se están actualmente elaborando métodos y contenidos pedagógicos en Universitas Nueva Civilización. La idea básica de este método es que la tecnificación y protocolización de procesos educativos es válida en ciertos campos de la enseñanza de conocimientos, tal que bien ejercida y aplicada, libera espacios y tiempos del profesor para desplegar lo propiamente humano, que es justamente aquello en que el humano es irreemplazable y que no puede ser reducido a ningún tipo de proceso automático. El método se basa en la idea de que la falta de procesos automatizados en la educación imponen al profesor un exceso innecesario de carga laboral impidiéndole desplegar plenamente su contenido irreductiblemente humano, el cual ninguna máquina, ninguna TIC, ningún e-learning puede reemplazar.
En educación, como en toda actividad humana, hay procesos que se pueden automatizar, es decir, se pueden reglamentar por protocolos que procuran asegurar un buen desempeño para los logros que se buscan. Una de las herramientas para este programa de protocolización, son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el uso de material didáctico formalizado, que pueden desplegarse de maneras diferentes para aportar a la educación. En esta línea, el método consiste en la afirmación de la centralidad del profesor, a su vez que asiste su trabajo docente con TIC destinadas a la protocolización de gran parte de su labor en el aula. Esta asistencia mediada por TIC tiene por objetivo protocolizar todo lo protocolizable, permitiendo al docente automatizar parte de su labor y a su vez desplegar su rol irreductiblemente formativo.
Las TIC pueden apoyar el trabajo del profesor durante todo el año, de forma permanente y continua, no sólo para experiencias esporádicas complementarias en clases especiales, como suelen usarse las TIC actualmente. Así, el profesor libera tiempo para elaborar actividades extra-programáticas y para ejercer un rol en la educación integral, pues es apoyado por una nueva organización del sistema educacional que ha cambiado la configuración de sus enlaces. Lo libera en gran parte de su dedicación a la transmisión de contenidos, y le permite asignar más energía al mantenimiento de la atención de los alumnos, a la educación en valores, al desarrollo del respeto mutuo en el aula y fuera de ella, a asegurar que todos puedan aprender en condiciones similares, a asistir a quién tenga problemas particulares, a la relación con la familia, etc. Es decir, vuelve a concentrarse en el “factor humano”.
Los materiales pedagógicos deben ser elaborados por equipos de alta excelencia en áreas temáticas del respectivo contenido, en didáctica y pedagogía, en diseño, animación y video, y en tecnología. Este soporte de expertos permite realizar material didáctico de alto nivel que sería muy difícil de desarrollar por cada profesor por sí sólo, y que a su vez aseguran un alto estándar de calidad a nivel de contenido, pedagógico, estético y tecnológico.3
5. La educación para los sectores privilegiados.
Sería un error creer que la educación considerada de excelencia a la que acceden los niños y jóvenes de los grupos sociales privilegiados no requiere también importantes transformaciones. Querámoslo o no, esta educación es la que ha formado y continua formando a las élites económicas, culturales y políticas del país, y cabe destacar que tales sectores dirigentes experimentan y en cierto sentido sufren también la fragmentación social del país.
Dos fenómenos ponen de manifiesto la radical separación de estos sectores respecto a las grandes multitudes nacionales. Por un lado el descrédito de la llamada ‘clase política’, que por más esfuerzos que a veces parece realizar, no logra conectar con las vivencias, emociones, ideas y modos de ser de la ciudadanía, ni con lo que ésta espera de ellos. Algo similar ocurre con los sectores dirigentes de la economía, la industria, el comercio, etc., que no parecen tener conciencia adecuada de la gran responsabilidad social y ambiental que deben asumir en cuanto administradores de los principales recursos del país, y en cuanto proveedores de los bienes y servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de la población.
Un exceso de ambición, de avidez, de espíritu competitivo, parece afectar a estos grupos sociales, y no es arbitrario pensar que tales actitudes y modos de comportamiento se han formado y se forman aún desde el colegio y las universidades, o que al menos la educación se ha demostrado incapaz de generar en ellos un mejor espíritu de servicio, responsabilidad social y solidaridad. No dudamos que los importantes procesos de individuación que genera el desarrollo moderno constituyen aspectos positivos que favorecen la necesaria innovación en todo nivel, pero requieren ser complementados por un sentido de lo social, que es inherente a cada persona humana.
En la perspectiva de la integración social necesaria, es preciso creer en el potencial de cambio social que tienen las personas y confiar en el poder de la educación bien orientada. Compartimos la convicción de que es necesario y posible fomentar valores positivos e integración social en todos los sectores y en la ciudadanía en general, sin distinciones sociales, políticas, religiosas ni ideológicas.4
Pensamos que para estos sectores sociales de elevado acceso a los bienes y recursos económicos y culturales, es muy importante que adquieran conciencia de su situación privilegiada y de la responsabilidad que conlleva, y para ello es fundamental la posibilidad de que conozcan de modo directo la realidad que viven los sectores más pobres y desprotegidos del país, para lo cual pueden ser significativas las actividades de voluntariado generadas desde los colegios y universidades. Esto, que actualmente se realiza en algunas entidades educativas y de modo optativo, sería posible insertarlo en el curriculum formativo y darle una relevancia especial en toda la enseñanza. La experiencia que en el fomento de la solidaridad a través del voluntariado y de la educación existe en algunos colegios y universidades es iluminante de lo que se puede obtener implementando adecuados procedimientos e instancias de participación en actividades de este tipo.
Pero no debe pensarse solamente en actividades de voluntariado. Se puede observar que está presente en el movimiento estudiantil la muy loable y justa aspiración a tener la posibilidad de compartir entre grupos sociales en el espacio educacional mismo, como solía ser en el pasado donde en las escuelas y Liceos podían encontrarse estudiantes de distintos estratos socioeconómicos, lo mismo que en la Universidad, lo que permitía conocerse y compartir desde sus propias realidades. Actualmente la segmentación y fragmentación social que hemos descrito anteriormente hace que existen escasas posibilidades de interacción y encuentro, lo que acentúa el desconocimiento y la desconfianza entre unos y otros. Las comunas y las entidades educacionales particulares y públicas podrían plantearse como un objetivo explícito el superar la extrema separación social que existe actualmente y que marca la vida de las personas y de los grupos sociales desde la infancia.
6. Cuánta iniciativa privada, cuánto Estado y cuánta sociedad civil.
Si partimos de la base que la educación es una tarea prioritaria nacional, y que es necesario proveer educación de los más altos niveles de calidad posible para todos los niños y jóvenes del país, y ello en el marco de un proceso de creciente integración social y de desarrollo humano sustentable, hay que convocar a la tarea a todos los sectores de la sociedad y a todos los agentes en condiciones de hacer aportes reales y válidos para el logro de tales fines. Esto implica que el óptimo será una educación pluralista, ni plenamente en manos del Estado ni enteramente dejada a los particulares, sino que teniendo ambos sectores un lugar y un espacio de aportación, permitan además el despliegue de todas las iniciativas educacionales que puedan surgir desde la sociedad civil, como un tercer actor ampliamente implicado.
Precisando algo los conceptos relativos a este pluralismo educacional, hay que entender que el sector privado al que nos referiremos, incluye no solamente las entidades educacionales que obtienen ‘lucro’ o utilidades de sus inversiones en este rubro, sino a todas las entidades que proveen educación cobrando por sus servicios educacionales, independientemente de si son de propiedad empresarial, del Estado, o de fundaciones o corporaciones ‘sin fines de lucro’. Entenderemos como sector Público o estatal, aquellas entidades que ofrecen sus servicios educacionales en forma gratuita e independientemente de si son gestionadas por el Estado central o por los Municipios u otro tipo de entidades financiadas por el erario nacional. Y por sector de la sociedad civil entenderemos todas aquellas prestaciones educacionales en que participan organizaciones y asociaciones comunitarias y civiles, incluyendo en este sector los aportes que hacen las familias a la educación de sus hijos, cualesquiera sean las instituciones educacionales en que lo hagan.
Desde la óptica del necesario pluralismo, un importante asunto de política educacional consiste en identificar cuál pudiera ser la mejor combinación (o tamaño) en que operen estos tres sectores, en función de alcanzar la más alta calidad educativa con el máximo de cobertura o distribución social de la calidad. En otras palabras, cuánto Estado, cuánta iniciativa privada y cuánta sociedad civil; pero no solamente pensando en un tamaño relativo de ellos, sino también identificando cuáles sectores sociales pueden ser mejor cubiertos con alta calidad por cada uno de estos sectores.
Lo decimos porque habitualmente el debate ideológico y/o de política económica tiende a considerar separadamente los temas de la cobertura y de la calidad, y a ver también separadamente las ventajas y desventajas de los sectores privado y Estado. En esos términos, suele afirmarse por ejemplo, que es función del Estado tanto incrementar la cobertura de sus prestaciones que desarrolla la educación pública, como lograr aumentar la calidad de las prestaciones que ofrece el sector privado mediante la fijación de regulaciones y controles más exigentes. Pero al considerar conjuntamente los dos sectores, y agregar en este caso un tercer sector correspondiente a las necesarias iniciativas que puedan desplegarse desde la sociedad civil y/o con participación de los ciudadanos, se hace posible pensar de un modo nuevo el problema y encontrar soluciones mejores, en la que pueda ser una óptima combinación de ellos.
Criterio básico para identificar cuánto de cada sector, es buscar que se destinen a la educación la mayor cantidad posible de recursos humanos y económicos, teniendo en cuenta la inmensa tarea que implica llevar a Chile a la integración social y la equidad, y al desarrollo sustentable y la sociedad del conocimiento, y todo ello en el menor lapso de tiempo posible.5
Para sopesar la participación que les pueda caber al Estado, a los privados y a la sociedad civil en tan ambicioso proyecto de transformación de la educación chilena, debe asumirse que la implementación práctica de los distintos aspectos que hemos planteado para los tres sectores que identificamos como el Chile D, el BC y el A, requerirá una provisión de recursos muchísimo mayor que aquella que actualmente se destina en el país a la educación, incluyendo lo que invierten y gastan en ella tanto el sector público como el sector privado y las familias. Es obvio que para transformar en profundidad la educación y con ello generar los procesos de integración social y de desarrollo como los que requiere la inserción del país en su conjunto en la sociedad del conocimiento, no bastarán los recursos que pueda llegar a captar el Estado, cualquiera sea la amplitud de la reforma tributaria.
Por eso, en un contexto de restricción de recursos disponibles frente a una tarea gigantesca, habrá que asumir por un lado, que el incremento de la cobertura de la educación pública más allá de ciertos límites para que abarque sectores sociales de más elevados ingresos, implicaría inevitablemente disminuir su calidad para los sectores de menores ingresos; y por otro lado, que las necesarias exigencias de mayor calidad que deben hacerse a la educación particular (sea en la educación escolar como en la educación superior), implicarán inevitablemente también una disminución de su cobertura, de no mediar una expansión de las inversiones del sector privado.
En este contexto, un primer criterio o definición que nos parece esencial, es que el Estado no debe hacerse cargo de aquello que puedan realizar satisfactoriamente el sector privado, la sociedad civil y el esfuerzo ciudadano. Ello permitirá al sector público concentrar sus recursos en afrontar los requerimientos de educación de la más alta calidad que corresponden a la población de menores ingresos del Chile BC, y especialmente en la del Chile D, y que ni el sector privado ni la sociedad civil y el esfuerzo familiar y ciudadano podrán abordar satisfactoriamente. De este modo el Estado no operará al defectuoso nivel de calidad en que opera actualmente la educación municipal en las Comunas de menores ingresos, sino que organizará una educación de verdadera calidad y profundamente transformada en los términos que indicamos anteriormente.
Que cada escuela pública o municipal se convierta en un centro de acogida a la vez que de aprendizaje, dotado de instalaciones y de personal suficiente para un apropiado desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de convivencia, con instalaciones y talleres-escuela que capaciten en oficios técnicos, en destrezas laborales y en capacidades de gestión de pequeñas unidades económicas familiares y asociativas, de modo de satisfacer los requerimientos de generaciones de niños y jóvenes que deben salir de la marginalidad y de la vulnerabilidad social, en el curso de este proceso educativo.
El Estado debiera también crear Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales en todas las Comunas pobres del país donde no existan apropiadas ofertas privadas o de la sociedad civil, pero bien implementados y orientados conforme a los requerimientos laborales reales del aparato productivo y comercial del país.
El Estado debe garantizar el acceso gratuito a la educación superior a todos los jóvenes que tengan las aptitudes y la voluntad de realizarla. Pero el derecho a la educación superior no está exento del deber de retribuir a la sociedad lo que ésta ha ofrecido como una oportunidad y un beneficio. Pensamos que es especialmente conveniente que la gratuidad de los estudios superiores en las áreas de la educación, la salud y en otros servicios sociales fundamentales, implique la obligación de trabajar profesionalmente en los servicios públicos correspondientes, durante al menos tres años después de la titulación. Con ello, además, se aseguraría el empleo a muchos jóvenes profesionales, implicando la correspondiente responsabilidad del Estado.
En el otro extremo social, nos parece evidente que las familias del Chile A deberán asumir en la totalidad, con sus propios recursos, el costo de la educación de sus hijos, sea que se eduquen en instituciones privadas como en instituciones públicas, y ello tanto a nivel de la educación básica y media como en la educación superior.
Pero no es solamente esto. En este sector de educación particular se esperaría el despliegue de consistentes procesos innovativos, tanto en cuanto a métodos y sistemas de enseñanza como en cuanto a la generación de conocimientos a través de la investigación. Tales innovaciones pueden llegar a ser muy relevantes para el país, especialmente si luego se pueden proyectar para toda la educación nacional.
Ahora bien, la educación particular pagada tendrá que estar también regulada y controlada, no para fines de restringir su libertad sino en orden a evitar que conforme a una lógica de mercado ‘salvaje’ se introduzcan iniciativas engañosas o fraudulentas. Ha de ser claro que el ‘lucro’ no debe ser el motor de esta educación privada y de mercado, si bien hay que asumir que tales iniciativas requieren sostenerse en el tiempo y desarrollarse, implicando la obtención de una normal pero contenida rentabilidad para las inversiones implicadas en su desarrollo.
Para evitar que aumente tendencialmente la desigualdad y lograr que se expanda la cobertura y calidad de toda la educación, es necesario un incremento elevado, sostenido y acelerado de los recursos disponibles, tanto por el sector privado como por el Estado. Entre ambos sectores podría garantizarse la plena cobertura de la educación, pero en niveles de calidad que podrían ser muy elevados para los dos grupos sociales extremos (el Chile A cubierto por la educación particular y el Chile D por la educación pública), pero implicando niveles de calidad probablemente insatisfactorios para el amplio grupo social intermedio que llamamos el Chile BC. Es por esto que se hace necesaria la expansión del aporte educacional que llamamos ‘sector de la sociedad civil’, que incluye el desarrollo de iniciativas educacionales independientes por parte de grupos y asociaciones no-gubernamentales y no-empresariales, y que pueden sostenerse mediante el financiamiento compartido entre los subsidios públicos, las donaciones privadas, y los aportes a la educación de sus hijos por parte de las familias. No hay razones para pensar en la conveniencia de una disminución, sino de una expansión de este importante sector, si bien requiere una más cuidadosa y estricta regulación estatal que garantice la calidad de la educación que puede otorgarse en estas condiciones.
La existencia y desarrollo de este tercer sector eleva la dotación total de recursos disponibles para ampliar la cobertura y calidad de la educación, porque es un sector que se desarrolla, al menos en parte, con recursos nuevos, creados o movilizados ad hoc , que no tienen cabida ni ocupación posible en los otros dos sectores. Por ello su sola existencia nos aproxima al óptimo de cobertura y calidad.
Puesto que este sector de la sociedad civil se beneficia de los aportes del Estado y demanda el sacrificio de las familias, es claro que en él debe excluirse totalmente el lucro, que además de injustificado haría aumentar sus costos y reducir los recursos que pueda generar para reinvertir en su propio desarrollo.
Llegamos, así, a la conclusión que la antigua y recurrente controversia entre posturas estatistas y liberistas como expresiones de la mejor racionalidad económica y social puede resolverse mediante una concepción pluralista que reconoce la importancia del aporte de tres sectores diferentes, que ofrecen cada uno de ellos sus propias ventajas, cualidades y aportes, especialmente si se concentran en aquellos ámbitos de la sociedad donde pueden ofrecer ventajas comparativas.
La pluralidad de oferta y de alternativas educacionales para los ciudadanos y sus familias es importante también desde una óptica particularmente importante en el contexto nacional, cual es la cuestión de la frustración y de los grados de satisfacción que puede proporcionar la educación a los niños y jóvenes y a sus familias. Al tema le dedicamos un acápite que puede entenderse, también, a modo de conclusión.
7. Sobre frustraciones y satisfacciones en la educación.
Para abordar este tema nos apropiamos de algunos conceptos que nos parecen pertinentes y muy lúcidos expuestos por Albert O. Hirschman en su obra Interés Privado y Acción Pública, en que entre otros aspectos analiza la decepción que suele asociarse al consumo o empleo de diferentes tipos de bienes y servicios ofrecidos por el mercado y por el Estado.
Dice Hirschman que en las sociedades que experimentan una gran expansión en el acceso de la población a servicios como la educación, la salud, la recreación y otros, se genera un gran potencial de decepción, que es aún mayor para la primera generación de personas que acceden a estos servicios: “grupos de movilidad ascendente, rebosantes de nuevas ambiciones de consumo, quienes llevarán la carga de la decepción a medida que perciben dolorosamente el grado de incertidumbre asociado a los servicios que ahora están ansiosos por disfrutar”.
Nuestro autor provee varias explicaciones de este hecho: “Cuando se hace un gran esfuerzo por expandir rápidamente la oferta de estos servicios a fin de incrementar su disponibilidad, es probable que disminuya sustancialmente su calidad media. Esto es así en parte porque resulta difícil reunir al mismo tiempo todos los insumos necesarios para un desempeño de alta calidad: los nuevos edificios escolares se construyen más de prisa que la formación de nuevos maestros. Por lo tanto, precisamente cuando una sociedad hace un esfuerzo decidido por ampliar el acceso a ciertos servicios, declina la calidad de ellos, lo que tendrá efectos negativos obvios sobre la moral de los consumidores nuevos y antiguos”.
La probabilidad de un desempeño decepcionante de los servicios nuevos o ampliados se refuerza con otras observaciones. “Cuando se expanden ciertos servicios tales como la educación para atender a grupos sociales nuevos, quizá no resulte apropiada la oferta de los mismos servicios brindados a la “clase educada” tradicional. Por lo tanto, aún sin disminución de la calidad, y precisamente por no haberse dado un cambio y adaptación, los servicios podrían resultar ineficaces”.
Una muy fuerte razón de decepción social con los servicios que amplían su cobertura se explica recurriendo al argumento de Fred Hirsch sobre los bienes finitos: cuando el disfrute de los bienes y servicios depende decisivamente del hecho que no los busquen al mismo tiempo muchas personas (como ocurre con algunas playas tranquilas). A medida que un grupo de consumidores esperanzados está listo para aspirar a estos bienes, descubrirá que está comprando ahora unas vacaciones en una playa hacinada y contaminada. La educación superior es un caso de “playa tranquila” interesante de examinar, pues los privilegios asociados a un nivel superior de educación se desvanecen cuando ella se pone al alcance de muchos. Quien hace un gran esfuerzo por educar a sus hijos, esperando que su sacrificio sea compensado cuando vea a los hijos alcanzar el nivel de las personas de su propia generación que estudiaron, sufrirá una gran decepción.
No obstante todo lo anterior, Hirschman señala que “la tolerancia de la disminución de la calidad es mucho mayor en el caso de los servicios, por ejemplo los educativos, que en el de otros bienes”. En el caso de los que acceden “de primera generación”, pueden carecer de referentes y criterios que les permitan apreciar la calidad deficiente de lo que reciben. Pero hay otra razón más importante que nuestro autor enfatiza:
A menudo los servicios requieren la colaboración activa de los usuarios para que su desempeño sea adecuado. En otras palabras, la calidad resultante no depende sólo del bien o servicio ofrecido, sino de lo que haga con ello el que lo recibe. Así, por ejemplo, los estudiantes tendrán que reconocer que sólo si han hecho el esfuerzo necesario para estudiar y aprender, podrán luego quejarse de la calidad de lo recibido. Antes de quejarse y exigir a las instituciones proveedores mejoras de calidad (decepción con el servicio recibido), tendrán que asumir cierta decepción consigo mismos.
Cuestión, esta última, que nos lleva a nuestro tema de la mejor combinación de prestaciones de servicios por los sectores particular, estatal y de la sociedad civil.
En el sector de particular, el sujeto que paga por los servicios está más consciente y es más exigente respecto de la calidad de lo que obtiene a cambio de su dinero. Los mismos usuarios o consumidores del servicio presionarán para obtener una mejor calidad, y como pueden optar por otros competidores que les ofrezcan mejor calidad, habrá un fuerte estímulo a perfeccionar lo que ofrecen las instituciones que operan en este sector. Hirschman señala que “el mero hecho del pago genera a menudo la presunción de que debemos haber recibido una contraprestación adecuada, de modo que los compradores tenderán a culparse a sí mismos (y permanecer silenciosos) si el resultado de la transacción no es satisfactoria”.
En el sector estatal no parecen haber adecuados estímulos o incentivos a la calidad de las prestaciones. Los usuarios los reciben gratuitamente, por lo que no sienten legitimidad para exigir servicios de calidad: “a caballo regalado no se le miran los dientes”, dice el refrán. Sin embargo, en este sector las prestaciones de servicios no se conciben a cambio de un pago, como una transacción, sino como un derecho social (derecho a la educación, a la salud, etc.). Y la provisión de derechos “de calidad” puede ser exigida, precisamente por tratarse de derechos, esto es, de prestaciones que se pueden exigir porque tenemos derecho a ellas. En estos casos no existe la presunción de haber recibido una prestación adecuada, y tratándose de un derecho, no se concibe adecuadamente la importancia del propio esfuerzo (estudio, esfuerzo de aprendizaje) que debe hacer el propio receptor del servicio. Es un derecho, y corresponde al que lo provisiona, que el resultado sea satisfactorio. Por esto los servicios públicos son constantemente criticados y generan fuerte descontento social; no por ello generándose respuestas de mejor calidad.
Una de las cualidades y ventajas del sector de la sociedad civil y de financiamiento y responsabilidad compartida, consiste precisamente en que los usuarios de los servicios asumen ampliamente la propia responsabilidad, su personal participación, para que los servicios generen las prestaciones esperadas. Estando los receptores asociados a los proveedores, sentirán el derecho a reclamar por servicios deficitarios, y tendrán fácilmente las ocasiones para hacerlo, estimulando permanentemente la calidad de los servicios. De igual modo, la conexión entre los que ofrecen el servicio y quienes lo reciben, tenderá a hacerlos a ambos “cómplices” en el proceso de mejoramiento de la calidad y la expansión de la cobertura.
1.-Gustavo Canhuante Toro, Enseñar Historia en el Siglo XXI, Santiago 2011.
2.-Howard Richards, Repensar la Educación, Repensar la Economía, en www.universitasnc.net, Santiago, 2012.
3.-Pablo Razeto Barry, Educación Indirecta. Bases y desafíos de un nuevo sistema educativo. Ediciones Uvirtual.net Educación Univesitaria, Santiago, 2008.
Razeto Barry, P., González, E., Arredondo-Núñez, A., Razeto, M. Efectividad del Método Gödel en la enseñanza de las ciencias. Un estudio preliminar. Universitas Nueva Civilización, 2012.
4.-Cecilia Dockendorf, Solidaridad: la Construcción Social de un Anhelo, UNICEF, MIDEPLAN, FOSIS, Santiago 1995.
5.-Luis Razeto Migliaro, Modelo de Optimización de Cobertura y Calidad. ¿Cuánto mercado, cuánto Estado y cuánta economía solidaria?, Revista NUEVA ECONOMÍA , de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Año XV,Nº 26, Caracas, 2006.)