V.
La caída de la Dictadura Constitucional Ecologista tuvo consecuencias muy graves para la élite cívico-militar que gobernó el país durante más de 20 años. Entre Ministros, Vice-ministros y Jefes de Servicio que fueron personal de confianza de aquellos, no menos de 650 funcionarios públicos fueron destituidos de sus cargos, quedando privados no solamente de los privilegios del poder que habían gozado durante largos años y que habían creído que les durarían toda la vida, sino que también se encontraron privados de los altos ingresos mensuales a los que estaban acostumbrados. No contaban ya con la posibilidad de desplazarse en los automóviles oficiales y debían movilizarse con los escasos medios disponibles para todos (a pie, en bicicleta o en los pocos buses públicos existentes) como cualquier ciudadano que no contara con un automóvil propio, lo cual constituía un verdadero lujo. En el sistema económico que operaba bajo estricto control ciudadano no les resultaba fácil reinsertarse, y varios meses después muchos de ellos habían ya consumido sus reservas de dinero acumuladas durante los años anteriores. Comenzaban a pensar que si las cosas no cambiaban de rumbo, pronto tendrían que pensar en poner en venta sus viviendas y cambiarse a barrios de clase media o populares, que consideraban sumamente peligrosos.
Ocurrió también que con la instauración del nuevo Código Penal basado en los criterios propuestos por Matilde Moreno, se había comprobado que numerosos funcionarios policiales y del poder judicial eran innecesarios, y el gobierno había comenzado a recortar sus cargos, destinando los recursos que así se liberaban, a acentuar las tareas de recuperación de los equilibrios ecológicos intentando acelerar el proceso de reversión del cambio climático, que empezaba a mostrar algunos tímidos avances.
El proceso de alivianamiento del aparato estatal se estaba realizando con prudencia, pero con la firme voluntad de llevarlo a cumplimiento. De este modo, varios miles de funcionarios debían aceptar las alternativas laborales que les ofrecía el gobierno en los programas de recuperación ambiental, o emprender la difícil tarea de encontrar por su cuenta nuevas ocupaciones, en un contexto económico en que la creación de empresas estaba restringida y controlada por los ciudadanos, debiéndose justificar que cada nuevo proyecto cumpliera las condiciones de ser ambientalmente sustentable, respetuoso de las exigencias de las comunidades locales donde se insertaban, y técnicamente ajustados a la eficiencia en orden a servir al bien común. A todos los funcionarios despedidos les resultaba doloroso adaptarse a las condiciones laborales, después de haber pasado años gozando de las facilidades que les ofrecían los cargos públicos
Así se fue creando una creciente masa de personas muy afectadas por la caída de la dictadura, quienes profundamente descontentos con el curso de los acontecimientos empezaban a desesperarse. El ex-Ministro del Interior don Ramiro Gajardo, del cual había dependido directamente la CIICI y que fue jefe del ex-general Conrado Kessler y de su equipo, fue también destituido de su cargo; pero con su inteligencia y los contactos que tenía comprendió que podía aprovecharse de las libertades políticas establecidas, y fundó y empezó a organizar el Partido por la Patria, reclutando aceleradamente a muchos ex-funcionarios públicos y miembros destituidos de los cargos institucionales y de control de los ciudadanos. Por tal motivo era el partido en formación que más militantes reclutaba, contando adicionalmente con un espíritu de alta disciplina y obediencia al mando.
Las informaciones que tenía Kessler, y los contactos que mantenía éste en la nueva Central de Información y Defensa de la Democracia, estaban resultando muy útiles para los fines de recuperación del poder que se habían propuesto tanto el ex ministro como el ex-general.
Astuto y experto en control ciudadano, una de las tareas que el ex-ministro Ramiro Gajardo encargó al ex-director de la CIICI Conrado Kessler, fue la infiltración del Partido por la Igualdad. El objetivo de dicha infiltración no era controlar las ‘cabezas calientes’ de esos grupos izquierdistas, sino al contrario, fomentar en dicho partido ideas aún más radicales, que lo llevaran a realizar acciones violentas. Se esperaba que éstas descolocarían a las actuales autoridades de gobierno, que por sus ideales libertarios y pacifistas se inhibirían de reprimirlos con la fuerza, creándose de ese modo en la población la sensación de que el gobierno democrático no era capaz de controlar la violencia, que amenazaría hacer que volvieran los tristes y graves sucesos del Levantamiento de los Bárbaros.
La infiltración de ese partido con antiguos agentes de la CIICI y de la policía que habían perdido sus empleos les estaba resultando más fácil de lo imaginado, porque el Partido por la Igualdad se había centrado en una acelerada campaña de reclutamiento de militantes, que necesitaban para alcanzar una consistente presencia en las instancias ciudadanas que serían la base de sustentación de su ascenso al poder.
Quien había insistido en la necesidad de ser cautos y de vigilar cuidadosamente no ser infiltrados fue el joven Arturo Suazo, porque él había vivido personalmente la experiencia de la infiltración en su antigua organización de defensa de los derechos humanos. Era ésta una de las razones por las cuales Arturo Suazo y la que había sido su novia, Antonella Gutiérrez, eran también objeto de vigilancia por la organización de Kessler.
¿Cuáles eran las propuestas políticas con que esos dos partidos en formación buscaban el apoyo ciudadano para avanzar en la conquista del poder político?
El Partido por la Patria enfatizaba la necesidad de reforzar los aparatos de seguridad del estado. Afirmaba también la conveniencia de ampliar la libertad de empresa y la urgencia de impulsar políticas de crecimiento económico, las cuales junto con crear empleos mejor pagados que los que ofrecía el gobierno en las actividades de recuperación ambiental, permitirían al Estado recabar más impuestos, con los cuales podría financiarse mejor a la policía y desarrollar un plan de fomento de la infraestructura de puertos, caminos, puentes y viviendas.
El Partido por la Igualdad planteaba la necesidad de reforzar el aparato del Estado para que ofrezca gratuitamente mayores servicios de salud, educación, seguridad social, etc., para lo cual proponía aumentar los impuestos. Sostenía también que fuera solamente el Estado quien administrara las empresas de los que llamaban sectores estratégicos, como la minería, la energía y el transporte.
Así, los dos extremos políticos coincidían en reforzar el Estado, aumentar los impuestos y acelerar el crecimiento económico. Eran propuestas sin duda contrarias a la necesidad de continuar con políticas capaces de controlar y de revertir paulatinamente el cambio climático y la devastación ambiental, que continuaban dando lugar a muy frecuentes desastres en los cuales continuaban muriendo muchas personas y destruyéndose infraestructuras y viviendas.
Pero sucedía que la gente, con el paso de los años, se estaba acostumbrando a esas condiciones climáticas y a los fenómenos naturales que los amenazaban constantemente, considerándolos en cierta medida como normales. Y como las generaciones jóvenes no habían conocido los terribles sucesos del Levantamiento de los Bárbaros, se estaba debilitando la conciencia de que era imprescindible continuar con las políticas ecológicas y ambientalistas, y mantener acotados los servicios de ‘bienestar social’ que requerían recursos con los que el Estado ya no contaba. En este contexto se estaban creando las condiciones para que las antiguas ideas del crecimiento económico constante y del fortalecimiento del Estado volvieran a adquirir fuerza.
Tomás Ignacio Larrañiche era, en el gobierno, quien más fuertemente se mantenía resistente al aflojamiento de las exigencias ambientales y a la incipiente tendencia al crecimiento del aparato estatal. Lo hacía desde el Congreso y también desde el Gobierno en el que participaba representando al poder Constituyente.
Durante la Dictadura Constitucional Ecologista el Gobierno estuvo encabezado por un Triunvirato, que con el nombre de Dictadores Constitucionales lo conformaban el Comandante General del Ejército don Heriberto Covarruvias, el dirigente máximo del Movimiento Ecologista don Jesús Ortega, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia don Anacleto Rosende. A la caída de la Dictadura se había constituido como Poder Ejecutivo un nuevo Triunvirato, conformado por don Pedro Montes Cordero como Presidente de la República electo por votación ciudadana universal, quien había sido un alto dirigente del movimiento ecologista pero que mantenía posiciones más moderadas que Heriberto Covarruvias; don Jesús Iturriaga Gómez, que había reemplazado al antiguo Presidente de la Corte Suprema de Justicia; y el Presidente del Congreso Constituyente, elegido democráticamente, cargo detentado por el senador Tomás Ignacio Larrañiche.
El gobierno de este nuevo Triunvirato se consideraba transitorio y debía terminar con la promulgación de la nueva Constitución Política de la República, que establecería un nuevo sistema de Gobierno. El plazo que el Triunvirato y el propio Congreso Constituyente habían comprometido con la ciudadanía, era de dos años desde el día de su instalación. Para ello quedaban solamente ocho meses, lo que tenía sumamente preocupado a Tomás Ignacio Larrañiche, quien estaba decidido a acelerar los necesarios estudios, propuestas y decisiones en el Congreso Constituyente que presidía.
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