MARCO PROGRAMÁTICO PARA CHILE

MARCO PROGRAMÁTICO DE GOBIERNO PARA CHILE

Contenidos

Fundamentos

El presente Marco Programático, tiene un carácter independiente del sistema de partidos y de las definiciones ideológicas que han gobernado Chile desde su Independencia del Reino de España, convirtiéndose en una República Soberana (1818).

Reconociendo los innegables avances que esa forma de organización ha significado para el país, Chile necesita hoy una profunda reorganización social, económica y política, para responder a los problemas de la pobreza, la desigualdad, las injusticias, la concentración de la riqueza y del poder, y para enfrentar los desafíos del medio ambiente y la ecología, del avance del conocimiento científico y las tecnologías, de la integración de los pueblos y naciones que lo conforman, y de participación activa y soberana en el concierto mundial.

La reorganización social y política que proponemos a los Pueblos del País, se inspira principalmente en la filosofía del “Buen Vivir”, que corresponde a una cierta forma de entender a la persona, la comunidad, las relaciones sociales, la economía y la naturaleza, caracterizada por el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano, los derechos y deberes que de ella se derivan, la centralidad de los valores de la solidaridad, la fraternidad y la paz en la convivencia comunitaria, y una adhesión al desarrollo humano sostenible. Esto se puede resumir en la frase: “Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos, y que a nadie le falte nada”.

El Buen Vivir, mucho más que una posición ideológica, consiste en un cierto modo de relacionarnos y de habitar el mundo, que se inspira y conecta con las culturas y tradiciones de las primeras naciones, debiendo adaptarse a las condiciones y los desafíos del presente y del futuro. Ese legado ancestral indígena, que responde y llama a la necesidad de constituir un nuevo orden civilizatorio, que nos enseña el respeto por la subjetividad, un estilo de vida comunitaria eminentemente fraterno, y una relación armónica del ser humano con la naturaleza.

Todo ser humano merece ser tratado de acuerdo al principio ético del respeto recíproco y tiene derecho al bienestar humano correspondiente a su dignidad inalienable.

En contraste radical a los principios básicos del Buen Vivir, los modelos de desarrollo implementados en el país han estado basados en el egoísmo individualista, la competencia como elemento regulador de las relaciones humanas e institucionales, la acumulación ilimitada de la riqueza, la depredación de la naturaleza, y el debilitamiento de los vínculos humanos más esenciales. Pese a la efectividad que para la producción material estos modelos han significado para nuestro país, nos ha llevado paralelamente a la conformación de una sociedad desigual y desintegrada, con una élite privilegiada y una gran masa de excluidos en condiciones de vida inaceptables, explotada y auto-explotada.

Entre las causas de esta situación inaceptable está también el hecho de que esos modelos de desarrollo han sido administrados por una élite política y económica endogámica, que ha terminado por construir un sistema político y económico del país ajustado a su medida, olvidando el bienestar de la mayor parte del pueblo empobrecido y sistemáticamente abusado. La indignación ante esa situación, larvada durante décadas (o tal vez siglos), dio lugar a diversas expresiones de protesta social que movilizaron a buena parte de Chile, desde octubre de 2019.

De esa manera, se dio una contundente muestra de la necesidad, aspiración y exigencia de recuperación de la soberanía popular. Los ciudadanos hastiados de la institucionalización del abuso, decidieron manifestarse contra quienes se creyeron dueños de la democracia, y levantaron un grito que clama por el derecho a la dignidad y al establecimiento de condiciones de igualdad que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Algo tan simple como desafiante de lograr, para todos los habitantes del país, integrados.

Durante este proceso y de un modo muy explícito, el pueblo levantó muchas banderas, pero dos en especial: la de Chile y la de la nación mapuche, en un gesto de fraternidad, de reparación y restitución verdaderamente emocionante. En efecto, éste ha sido un símbolo de que es el pueblo chileno el que instala a los mapuche y a todos los pueblos indígenas en un lugar que la historia oficial ha tratado de ignorar. Y nuestra respuesta es: reorganicemos nuestro país, aprendiendo de toda su extraordinaria diversidad, incluyendo la de sus pueblos ancestrales que hoy viven en la sangre y la cultura de nuestro país. De la realidad actual, hay cosas que conservar y potenciar, otras que reducir y reorganizar, y muchas nuevas que crear y desplegar.

Por tanto, si bien este Programa tiene como objetivo servir de hoja de ruta de una nueva Presidencia de Chile por 4 años, sus propuestas apuntan a un cambio de largo plazo, convergiendo hacia un Proyecto País que, consensuado por la ciudadanía mayoritaria, guíe el futuro de Chile por los siguientes 20-30 años.

Una propuesta y un cambio de esta envergadura, no puede hacerse de forma apresurada, ni dogmática, ni totalitarista. Siguiendo la cultura de nuestros ancestros mapuche, propondremos las que creemos son las transformaciones que Chile necesita sobre la base del diálogo, los acuerdos, la institucionalidad democrática y cuidando la paz social.

El sentido de responsabilidad y seriedad en la conducción de procesos de un sistema complejo, como lo es un país, nos llaman a separar nuestro Marco Programático de Gobierno, en tres partes. La primera, aborda los problemas de máxima contingencia que creemos que cualquier próximo gobierno abordará con máxima celeridad: la nueva Constitución, la Crisis Sanitaria COVID-19 y el Conflicto en el Wallmapu. La segunda sección, aborda los problemas prioritarios que debe afrontar el próximo gobierno, donde planteamos la forma en que los afrontaremos: el SENAME, las Pensiones, la Separación del Poder Político y el Poder Económico, y los Ecosistemas Amenazados. En la tercera sección, abordamos un conjunto primero de temáticas y procesos a afrontar por nuestro Gobierno, pero que también consideramos deberán ser parte de la búsqueda de un camino de transformación social de mediano y largo plazo, que necesariamente abarcará sucesivos Gobiernos, ojalá organizados en un mismo Proyecto País, que los trascienda.

Indice visual

Afrontar la contingencia

Nueva Constitución

Nadie sabe aún el contenido que tendrá la redacción de la nueva Constitución, que la Convención Constitucional presentará democráticamente para ser confirmada o rechazada por la ciudadanía mayoritaria de Chile. Sin embargo, el próximo Gobierno debe estar preparado para recibir adecuadamente la nueva Constitución y comenzar su implementación con la máxima seriedad y con una planificación gradual e integral, es decir, que contemple las diferentes complejidades que tal desafío sociopolítico implica implementar todo lo que debe acompañar al texto constituyente.

Hay que promover iniciativas de ley que sean concordantes con la nueva Constitución y las regulaciones legales, y el Estado debe estar preparado para llevar el mandato ciudadano a su concreción. Para lo anterior, nuestro Gobierno creará una institución transitoria estatal, como un Consejo Constitucional, encargado de preparar, mientras se redacta la constitución, los elementos interdisciplinarios que se requieren adelantar la preparación de los pasos a seguir una vez recibida la nueva Constitución.

Covid

La pandemia nos ha demostrado que la salud humana, animal y ecosistémica son interdependientes. A través de esta mirada, conocida como "Una Salud" (One Health), crearemos el Centro de Control de Enfermedades CCE, organismo que pretende la integración del conocimiento de la disciplinas médicas, veterinarias y ecológicas y el cual velará de forma continua y autónoma por la vigilancia y control de las enfermedades y riesgos para la salud pública.

Atendiendo a la necesidad de controlar la pandemia pretendemos continuar el programa de vacunación, y la aplicación de medidas preventivas del contagio apoyados en la información científica disponible, la asesoría de expertos y la evaluación del instituto de salud Pública de Chile.

Pondremos especial énfasis en la reducción de las listas de esperas y cirugías electivas, el cual tendrá como función levantar información y coordinar a nivel nacional y territorial las cirugías y prestaciones hoy retrasadas por efectos de la pandemia, velando en todo momento por el bienestar de la población en riesgo.

Crearemos el sub-departamento para la rehabilitación de pacientes COVID-19 dependiente del departamento de salud ocupacional, este último tendrá como misión la rehabilitación integral de los pacientes y su familia a través del trabajo conjunto, coordinado e interdisciplinar de kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras, psicólogos, trabajador Social, nutricionistas, médicos y TENS, este sud-departamento contará con un fondo extraordinario para la compra de equipamientos adecuados y acceso a medicamentos relacionados con la rehabilitación.

Trabajaremos para que el autocuidado y la salud sean temáticas incorporadas en la educación escolar como en la educación universitaria.

Conflicto en el Wallmapu

El llamado conflicto de la Araucanía o del Wallmapu comienza cuando el Estado de Chile decide violar el Tratado de Tripahue firmado el 1 de enero de 1825 por el representante del pueblo chileno (presidido por el Gobierno de Ramon Freire), Pedro Barnachea, y el representante del pueblo mapuche (autorizado por los Caciques de 14 reducciones para representar al conjunto de sus comunidades), Francisco Mariluan.

Sólo 36 años después de firmado el Tratado, comenzando en 1861 y hasta el 1883, durante los sucesivos Gobiernos del Estado de Chile (de los presidentes José Joaquín Pérez Mascayano, Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto Garmendia y Domingo Santa María) ingresan ofensivamente tropas de ejército en el Wallmapu y organizan la ocupación de su territorio, violando el el Artículo 18 del Tratado de Tripahue, donde se señala explícitamente que:

“Los gobernadores ó Caciques desde la ratificación de estos tratados no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su dominio por convenir así al mejor establecimiento de la paz y unión, Seguridad general y particular de estos nuevos hermanos.”

Con esta acción los Gobiernos del Estado de Chile realizaron un genocidio contra los habitantes mapuche del país, contando más de 50.000 mapuches asesinados, masacre hipócritamente llamada “Pacificación de la Araucanía” y “Ocupación de la Araucanía”.

Nuestro Gobierno instaurará un proceso de re-negociación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche en base al procedimiento que llevó al Tratado de Tripahue, organizado en Parlamentos, donde todos los actores relevantes puedan conversar y acordar la firma de un nuevo Tratado, que obtenga carácter Constitucional, de manera que ningún Gobierno futuro pueda volver a violar un Tratado pactado con un pueblo de nuestro país.

Como semilla de orientación en este proceso, nuestro Gobierno enfatizará la propuesta de integrar las áreas naturales protegidas (y por proteger) dentro del Wallmapu con los territorios mapuche, pues lo que nuestro pueblo mapuche más sufre es la destrucción de la Ñuke Mapu, nuestra Madre Tierra. Así el territorio mapuche integraría las áreas protegidas naturales y, respetando los estándares de conservación y preservación establecidos para las áreas protegidas, su administración y preservación quede a cargo del pueblo mapuche.

Vemos que esta propuesta de modelo de organización de los territorios del Wallmapu puede servir de modelo a adaptar para los territorios no urbanos donde habita gente comprometida con la conservación de los ecosistemas, como se esbozó en secciones anteriores.

Nuestro espíritu como Gobierno enfatizará que el re-encuentro y re-armonización de la convivencia en el vivir (sensu Humberto Maturana), entre hermanos y hermanas de pueblos hermanos, puede ser un impulso de energía unificadora e integradora para el país, que motive la coordinación de los habitantes de Chile, con sus diferentes pueblos y diversidades, en una misma dirección, una que nos ayude a conformar nuestra identidad propia, respetando y aprendiendo de su pasado y sus raíces, y mirando el desafiante futuro que nos espera, con la fortaleza que da la unión integradora de todo lo viviente (sin exclusión, Itrofilmoguen).

Así, impulsaremos una agenda legal, cultural y educativa para el reconocimiento de la preexistencia de las primeras naciones y/o pueblos originarios, así como sus derechos colectivos, como un aporte a los principios, soberanía y construcción de un nuevo Chile, autodefinido como un Estado plurinacional.

Promoveremos una cultura con alta capacidad de escucha, tolerancia y humildad, basada en el Buen Vivir de las comunidades indígenas, y sus prácticas solidarias y comunitarias, como una forma de deconstruir y transformar la cultura jerárquica patriarcal de la competencia y dominación colonialista.

Medidas prioritarias

SENAME

Las inaceptables dinámicas que vienen ocurriendo desde hace décadas y siguen ocurriendo en el SENAME, tanto en instituciones estatales como privadas, demuestran que la “Institucionalización de los niños”, ya rechazada por los expertos, sólo lleva a un mal vivir de los niños más desamparados del país.

Los niños, niñas, y adolescentes (NNA) tienen derecho a crecer en un entorno familiar, con adultos para ellos significativos, entorno y sociedad comprensiva, tolerante, amorosa y pacífica que forma y educa para la salud física, mental, emocional, espiritual y social de sus integrantes. Los NNA tienen derecho a una infancia libre del trabajo y que priorice su formación integral, el juego, la libertad y la exploración de sus habilidades y dones.

Nuestro Gobierno reemplazará o reformará el SENAME para que se convierta en una institución estatal cuyo objetivo no sea la institucionalización. Se promoverá la adopción o su tuición por familias de acogida (monoparentales, biparentales, heteroparentales y homoparentales) y se destinarán importantes recursos a esta tarea, desde ayuda económica a la atención psicológica y multidisciplinaria para aquellas familias que adopten o acojan a los y las NNA.

Pensiones

El tema de las Pensiones para las personas mayores, es un tema con un énfasis en el financiamiento, pero que primero debe enmarcarse en un escenario cultural.

En primer lugar, promoveremos una cultura que reconoce y respeta el conocimiento, sabiduría y experiencia de las personas mayores, así como su contribución a la formación ética y valórica de la Nación.

Impulsaremos programas de reinserción y no discriminación de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente el laboral, donde su contribución es de vital importancia ante los desafíos del país.

Se impulsará una educación para el “no abandono, cuidado, respeto y delicadeza por las personas mayores”, y para un trato digno y considerado con la vejez.

Promoveremos una cultura del respeto de la dignidad, la independencia y la autonomía para la vejez, y promoveremos su igualdad de condiciones y derechos como seres humanos. Generaremos políticas específicas contra la discriminación por brechas en el manejo de nuevas tecnologías.

Respecto al financiamiento de las pensiones, nuestra visión es crítica respecto a las dos estrategias defendidas respectivamente por los partidos de derecha (las AFPs) y de izquierda (la estatización de los fondos de pensiones). Ambos son sistemas ampliamente rechazados por la ciudadanía chilena, y con razón, pues son dos formas de aumentar el poder de los dueños del Gran Capital Privado y de las cúpulas de los Partidos Políticos. Ambas estrategias han sido probadas en distintos países latinoamericanos con el resultado de, finalmente, ofrecer pensiones indignas. La propuesta de nuestro Gobierno es crear un nuevo sistema de Cooperativas de Pensiones Territoriales (CPT).

A estas Cooperativas los trabajadores y pensionados podrán traspasar total o parcialmente sus fondos acumulados en las AFP. Así, las AFP se irán reduciendo por decisión de los cotizantes, hasta extinguirse en el largo plazo.

Las CPT se diferencian de las AFP o de la Administración Estatal de las Pensiones (AEP) en que, al ser Cooperativas, los dueños de la CPT son los mismos cotizantes, y si la CPT obtiene utilidades, estas utilidades se reparten entre los mismos socios (proporcional a su nivel de cotización). Es decir, si las CPT fueran igual de eficientes en la inversión de recursos que las AFPs, las millonarias ganancias que hoy las AFPs retiran como utilidades (y mayoritariamente salen del país), se irían directo a los montos de las pensiones, aumentando sustancialmente los montos para los cotizantes. Así mismo, si las CPTs fueran menos eficientes, en términos de inversión de capitales, que las AFPs, la repartición de utilidades de las CPT podría compensar esa menor eficiencia.

El hecho de que se trate de cooperativas territoriales, tiene la función principal de que un porcentaje de las inversiones de las CPTs, deban hacerse en el mismo territorio al que pertenecen. Así como a las AFPs se les impuso que un porcentaje de la inversión debía ocurrir dentro del país, las CPTs tendrán la imposición de invertir un porcentaje dentro de su territorio. Esto implica una enorme cantidad de inversión para el desarrollo económico de los mismos territorios (por ejemplo, divididos en Distritos o BioRegiones), generando así un círculo virtuoso de desarrollo territorial, el que a su vez aumenta los ingresos de sus habitantes, aumentando las cotizaciones, y aumentando así los fondos de pensión, y con ellos, la inversión en el mismo Territorio, y así, en una economía circulante.

Combate a la corrupción y radicalización de la transparencia

El alto nivel de corrupción Política en el Estado, graves delitos asociados al Gran Capital Privado, y la relación ilícita entre el poder político y el poder económico, todos ellos con nula o casi nulas consecuencias para los implicados, es una gravísima situación para el país que la población chilena ya no está dispuesta a tolerar, cosa explicitada con fuerza por la ciudadanía en el Estallido Social.

Nuestro Gobierno impulsará una serie de medidas para detener drásticamente estas prácticas. Como han insistido sistemáticamente los expertos en corrupción política, no tiene sentido que los directivos de la entidades de fiscalización del poder político sean en último término determinados por el mismo poder político (Ejecutivo y Legislativo). Hemos visto que el Servicio de Impuestos Internos (SII), bajo control del Gobierno, no persigue causas que afectan a políticos protegidos por el Estado. Esto mismo sucede con otros organismos fiscalizadores como el ministerio público, la corte suprema, el tribunal constitucional, Conaf, SERNAC, Banco Central, Superintendencias, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA (con su “Consejo de Ministros”).

En primer lugar, nuestro Gobierno impulsará que estos organismos fiscalizadores adquieran mayor Autonomía respecto al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y mayores Atribuciones para la fiscalización y penalización de delitos.

En segundo lugar, nuestro Gobierno promoverá la conformación de una nueva Contraloría contra la Corrupción y para la Transparencia. Esta nueva institucionalidad puede crearse en parte como una integración con, o expansión y ampliación de, el ya existente Consejo para la Transparencia, o de otra forma a determinar. Esta nueva Contraloría estará encargada de fiscalizar y prevenir la corrupción en el Estado en todos sus niveles: parlamento, partidos políticos, fuerzas armadas, juzgados, gobernaciones, municipalidades, etc.

En tercer lugar, nuestro Gobierno promoverá medidas para la separación entre el poder político y el poder económico. El único tipo de financiamiento privado de la política deberá ser mediante crowdfounding, es decir, por el apoyo masivo de aportes con montos máximos pequeños (ej., no más de $100.000 por persona o entidad)

En cuarto lugar, nuestro Gobierno fomentará la participación ciudadana, siguiendo un procedimiento adaptado de la Democracia Directa Moderna, al estilo suizo, lo que incentiva a la clase política a alinearse con la ciudadanía mayoritaria por el llamado “amenaza a veto ciudadano” y “amenaza a iniciativa ciudadana”. La ciudadanía también participa así como agente fiscalizador, pudiendo recolectar firmas suficientes para llevar a Plebiscito el veto de una ley o la iniciativa de una reforma.

En quinto lugar, nuestro Gobierno creará un Registro de Dueños Finales de las Empresas. Es decir un catastro preciso y bien comprendido de la relación entre propietarios de múltiples empresas relacionadas entre sí. La falta de información acerca del detalle de relaciones de propiedad entre dueños de empresas con diferentes y múltiples tipos de relaciones no registrables, impide la fiscalización de la libre competencia, y no permite detectar acciones que violan los principios anti-monopolios, o que permiten a los dueños de empresas que manejan fondos financieros a beneficiar préstamos riesgosos o fraudulentos en desmedro de sus clientes y a favor de sus propias empresas paralelas.

En sexto lugar, en los casos donde no se arriesguen la autonomía alimenticia, energética y biomédica de Chile, las licitaciones del Estado a empresas extranjeras deberán ser asignadas considerando estrictamente los criterios de libre competencia internacional (ej. subsidios de los Estados del país de origen, dumping), cosa que no ocurre en las licitaciones estatales en la actualidad en Chile.

A largo plazo, el proceso de transparencia del Estado y del Gran Capital Privado debe ir incrementándose, para que el funcionamiento de las instituciones de alta escala o magnitud (en términos económicos y/o número de trabajadores) esté protegido de caer en prácticas de abuso de poder en sus respectivos dominios.

Ecosistemas amenazados

La ciencia ha clarificado lo que nuestro pueblo mapuche sabe y vive desde hace centenarios: la enorme riqueza de beneficios --directos e indirectos-- que los ecosistemas naturales brindan a las sociedades y comunidades humanas. Aparte de aportar materias primas y suministros para la medicina, alimentos, agua, energía, etc., los ecosistemas sanos regulan nuestro clima, previenen la irrupciones de plagas, fertilizan los cultivos. También los ecosistemas nos entregan belleza, paz, promueven nuestra educación, recreación y espiritualidad. Sin embargo, las actividades humanas han causado un profundo impacto sobre el funcionamiento de los ecosistemas, los suelos, las aguas, el aire. Comprendemos que los humanos estamos integrados conceptual y funcionalmente en la naturaleza y que nuestras acciones tienen consecuencias, hasta ahora más negativas que positivas. Bajo nuestra visión, es momento de cambiar este balance y ejercer acciones que promuevan la preservación, el cuidado y la restauración de los ecosistemas naturales. Los ecosistemas brindan servicios indispensables a la humanidad, y ahora la humanidad debe servir a la naturaleza, y con ello, a sí misma.

Como un instrumento efectivo de protección de los ecosistemas, promoveremos los derechos de la naturaleza, asimilándola a los que corresponden a una persona legal con los atributos necesarios para terminar con décadas de leyes medioambientales insuficientes, que no han sido capaces de proteger la “casa común”.

Hacia una nueva organización del país

Economía integradora

Se plantea transitar hacia un nuevo modo de desarrollo, que orientado por el concepto del Buen Vivir, implica una profunda reorganización de la economía.

Esto lo quiere y lo exige gran parte de la ciudadanía, que está consciente de que el actual modelo económico genera: a) excesivas desigualdades sociales; b) daños graves al medio ambiente y a los ecosistemas; c) estrés y malestar psicológico y moral de la población.

La transición y creación del nuevo modo de desarrollo se realizará en un proceso, que debe cumplirse con responsabilidad y prudencia, pero con decisión política.

No es posible ni conveniente desmantelar el modo actual de organización de la economía, hasta que se cree, despliegue y establezca un nuevo modo de desarrollo. Porque todos, incluido el Estado, los municipios y los servicios públicos, dependemos de que el mercado y la economía del capital sigan funcionando, produciendo, distribuyendo y satisfaciendo las necesidades humanas y sociales.

Planteamos un modelo económico de tres sectores: el sector capitalista, el sector de economía pública, y un Tercer Sector de economía del conocimiento, ciudadana, social y solidaria, cooperativa, comunitaria y comunal.

Tres líneas principales de trabajo

Este programa implica tres principales áreas de trabajo:

1. El énfasis y la prioridad del Programa de Gobierno es el desarrollo del Tercer Sector, de economía del conocimiento, ciudadana, social y solidaria, cooperativa, comunitaria y comunal.

2. Manteniendo el sector de economía capitalista de mercado, avanzar en su progresiva democratización, lo que implica reducir la concentración, ampliar la libre competencia, y fomentar las microempresas y PYMES.

3. Realizar una Reforma del Estado, que implica reducir los costos del aparato estatal (costos de la política y de la alta burocracia civil y militar) para disponer de más recursos dedicados a mejorar y ampliar los beneficios sociales (salud, educación, previsión, etc.). Para ello, utilizar las tecnologías informáticas que están disponibles para mejorar la prestación de servicios por parte del Estado hacia la ciudadanía.

Para financiar este Programa:

a) No se incurrirá en aumento del endeudamiento público externo, porque este lleva a aumentar la dependencia del país respecto del gran capital financiero (inversionistas internacionales, fondos buitres, etc.).

b) Se hará una reforma tributaria marginal, que no afecte a las Pymes ni a los consumidores. Básicamente se reducirá sustancialmente el IVA a los alimentos básicos, a las medicinas, y a los libros y la cultura. Se aumentarán los impuestos a las nuevas inversiones de gran capital, especialmente de la minería y todo lo que afecte al medio ambiente.

c) Se creará un Fondo Solidario para el fomento del Sector de economía del conocimiento, social y solidaria, cooperativa, comunitaria y comunal, con aportes del Estado, del ahorro privado, y con una nueva Ley de donaciones que las incentive fuertemente.

El desarrollo de este Tercer Sector de la Economía implica, más que invertir capitales, movilizará las fuerzas vivas de la sociedad y las energías y recursos de los trabajadores, de los emprendedores, de las comunidades, de los científicos, de los artistas, de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Plan de fomento de la agricultura familiar campesina e indígena

Adoptamos como parte esencial del Programa de Gobierno y del nuevo modo de desarrollo, las orientaciones del Manifiesto por la Agricultura Familiar: primera Línea de la alimentación1, del cual destacamos los siguientes elementos: En Chile, un 92% del total de las unidades agrícolas del país corresponden a agricultura familiar, dando trabajo a dos de cada tres agricultores(as). La agricultura familiar campesina e indígena, en particular, juega un papel importante no sólo en la producción de alimentos, sino también en la cohesión social, el suministro de energía a partir de recursos renovables, la conservación de agrobiodiversidad (incluyendo semillas tradicionales), el cuidado del suelo y agua, regulación del clima, la oferta de servicios recreativos y de atención de la salud, junto con la mantención de paisajes bioculturales patrimoniales, entre otros. La agricultura familiar campesina e indígena da vida y alimenta a ciudades y la mayor parte de los pueblos del país.

Cambiar el sentido de la agricultura desde la producción sin límites por parte de empresas agroindustriales, a la producción sana y sustentable de alimentos por parte de la agricultura familiar. La producción sin límites de productos para la exportación produce inseguridad alimentaria local, una significativa huella ecológica, aumento de los precios al consumidor de productos agrícolas locales, monopolios de tierras y sobre todo aguas, junto con escasez y explotación de mano de obra, muchas veces migrante, nacional y extranjera.

Vemos con preocupación que, en muchos territorios, la política pública ha empujado a los agricultores a la especialización en un solo rubro (un solo tipo de cultivo -como la insistencia en las plantaciones de arándanos- o turismo o artesanía o apicultura o ganadería –castigando la combinación de dos o más de estos-). Esto ha reducido la diversificación y amenaza la capacidad de la agricultura familiar campesina e indígena de responder a eventos de crisis.

Estableceremos un programa de apoyo a las economías campesinas e indígenas que están sufriendo de la pandemia, el abandono y, en muchos casos, el hambre. Algunas medidas que adoptaremos son:

Apoyar la continuidad y ampliación de ferias libres y mercados locales que promuevan circuitos cortos de comercialización.

Fortalecer el emprendimiento y la innovación con identidad, la formación de líderes y escuelas agroecológicas, para así construir economías locales que den oportunidades a niñas(os) y jóvenes para permanecer o retornar a sus zonas rurales de origen.

Generar espacios de diálogo genuinos entre municipalidades, productores, comercializadores, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y alzando la voz de los gobiernos locales en el ámbito regional y nacional.

Resolver el problema del acceso al agua, terminar con el monopolio del recurso, desprivatizar su propiedad, junto con promover la ordenación territorial para el manejo integrado de cuencas por parte de actores locales. Desarrollar planes adecuados y tecnificados de riego para la pequeña propiedad campesina, que atiendan a la escasez creciente del recurso.

Apoyar y promover la educación agrícola que ha sido abandonada en Chile. Movilizar recursos humanos y materiales para la construcción de una gran red de Escuelas Agroecológicas en contextos rurales y también urbanos (huertas comunitarias).

Proteger las semillas tradicionales y de buena calidad de la agricultura campesina, identificándolas como un bien común de comunidades y territorios. Controlar la producción y distribución de semillas híbridas y prohibir el cultivo de semillas transgénicas. Así mismo, se debe regular e impedir la invasión del subsuelo en las áreas de propiedad campesina e indígena.

Fomentar y proteger la ganadería campesina y agroforestería de bajo impacto, la crianza de aves y animales de corral, y establecer canales de comercialización locales y territoriales, estrechando el vínculo rural-urbano.

Fomentar, financiar a largo plazo y proteger la actividad forestal campesina, la recolección de productos forestales no madereros y actividades no agrícolas campesinas.

Establecer políticas de fomento del turismo rural campesino, co-administración de áreas protegidas, junto con apoyar proyectos comunitarios y colectivos de protección y cuidado del patrimonio rural.

Apoyar a las organizaciones de campesinos y campesinas, en particular cooperativas de agricultores y agricultoras familiares. Igualmente fomento de las organizaciones de pescadores artesanales.

Garantizar, sin ningún tipo de excepción, la aplicación efectiva e integral del Convenio 169 de la OIT en proyectos que tengan injerencia sobre territorios rurales con presencia de pueblos originarios.

Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (más conocido como Acuerdo de Escazú), el cual va en directa relación a los intereses de la agricultura familiar y el futuro de las zonas rurales del país.

Educación para el Buen Vivir

La educación debe ser entendida como un bien público, de manera que llegue a todas las personas con crecientes niveles de calidad, accesibilidad y equidad.

Se mantendrá la educación privada, se favorecerá la educación alternativa basada en cooperativas y comunidades educativas, y se fortalecerá la educación pública con énfasis en la igualdad y la calidad.

Promoveremos una educación pre-básica, básica, media y superior que incorpore una formación de las virtudes humanas (newenche, kimche, kumeche y norche) en las personas, para el desarrollo de la autonomía, y la comprensión de la responsabilidad ética individual en el cuidado de nuestra comunidad de vida, integrada en la naturaleza.

El objetivo transversal de la educación de calidad que buscamos, será la formación de personas tolerantes, inclusivas, reflexivas, críticas y creativas, que privilegian la escucha y el diálogo en diversidad para el bien de nuestra comunidad de vida (personas, comunidades y naturaleza).

El contexto actual y el futuro previsible de cambios acelerados en la naturaleza, en la sociedad y en el vivir, demandan un tipo de educación diferente a la que se imparte hoy.

Queremos promover en los estudiantes un mayor desarrollo de habilidades para buscar, acceder, evaluar, seleccionar y usar la información almacenada en la literatura y las bases de datos digitales. Fomentaremos el desarrollo de capacidades para aprender continua y eficientemente a acceder a nuevos conocimientos cuando lo requieran. Los estudiantes deben saber diferenciar la información confiable de aquella información de dudosa fiabilidad. Deben ser capaces de adaptarse con fluidez y naturalidad a nuevos desafíos, para plantear y resolver colectivamente problemas de la vida diaria. Deben prepararse no para competir con robots sino para diferenciarse de ellos, con autonomía y en relación armónica con la sociedad y el mundo natural.

La superación de las brechas sociales existentes en nuestro país, así como la instalación de un cambio de visiones y acciones sobre nuestra relación como especie con los ecosistemas de los cuales dependemos, requiere como tarea más fundamental la implementación de una nueva educación. Sin ella, cualquier esfuerzo técnico o político por superar las desigualdades, promover una buena convivencia entre las personas y desarrollar mejoras en la salud de los ecosistemas resultará infértil.

Reconociendo acciones clave que pueden tener un impacto positivo profundo en la educación de nuestros hijos e hijas, en nuestro gobierno pondremos especial énfasis en los siguientes elementos:

Ampliar la cobertura, mejorar la infraestructura y el acceso a la educación preescolar, promoviendo instrumentos de apoyo a las familias para la educación del párvulo. Por ejemplo, la instalación de estaciones de teletrabajo en todos los jardines infantiles públicos, para madres/padres que puedan y deseen trabajar cerca de sus hijos.

En el ámbito de la educación escolar, básica y media, priorizar la educación integrada de los estudiantes, para que desarrollen herramientas efectivas para el desenvolvimiento en la vida en el siglo 21. En particular, promover el desarrollo de habilidades de razonamiento y visión sistémicas mediante el trabajo colaborativo, habilidades de comprensión de las realidades complejas, en base al uso correcto de la información, la creatividad en armonía con el rigor.

La organización de los aprendizajes debe tener más cuotas de flexibilidad, a fin de que los estudiantes puedan desplegar con motivación y efectividad sus potencialidades. Con todo, desarrollar en los estudiantes la capacidad de adaptación, con satisfacción y paz, a un mundo que enfrenta con frecuencia acelerada cambios profundos e impredecibles.

Generar una política curricular de largo plazo, independiente del gobierno, que permita el diseño y mejoramiento continuo del currículum escolar de acuerdo al conocimiento, al contexto social, a la composición de las comunidades escolares, e independiente de posturas ideológicas particulares.

Rediseñar el sistema de ingreso a la educación superior, evitando que una prueba de selección dicte de facto un currículum paralelo. En la educación superior, queremos construir una oferta más amplia, más diversa y accesible, a la formación técnica y de oficios. A las universidades, exigirles mayores estándares demostrables en calidad, transparencia en su gestión, y democracia en su organización.

En todos los niveles educativos, pretendemos promover intercambios colaborativos entre las instituciones, a fin de organizar una red educativa en la que los estudiantes puedan acceder a lo mejor de todas las instituciones del país. Esto es posible hoy con la experiencia acumulada durante la pandemia en estrategias de educación telemática. Para superar la brecha digital, será prioritario que todos los territorios del país, comenzando por sus jardines infantiles y escuelas públicas, dispongan libremente de acceso a internet de alta calidad.

Mejorar los incentivos para el óptimo desempeño docente, facilitando la actualización constante de sus saberes y metodologías, incluyendo dentro de su jornada el tiempo necesario para la correcta planificación e innovación docente.

Promover la formación de directivos expertos para los establecimientos educacionales, capaces de establecer liderazgos horizontales y conducir procesos colaborativos en las comunidades escolares, integradas a su entorno social y natural.

Reconocer definitivamente la deuda histórica que el país tiene con el magisterio y que fue generada por la dictadura militar. En nuestro gobierno iniciaremos la justa reparación hacia aquellos docentes afectados por esta deuda e ignorados durante decenios. Comenzaremos reparando a los docentes de mayor edad y situación de vulnerabilidad, avanzando paulatinamente hasta cubrir la totalidad de los afectados en plazos razonables.

Reorganización del espacio rural y silvestre: aprender de los pueblos originarios

Así como no es hoy permisible satisfacer un impulso personal a costa de agredir a otro, ni generar riqueza violando los derechos laborales, tampoco es ya tolerable desarrollar actividades económicas que dañen profundamente los ecosistemas y, con ello, el bienestar de generaciones futuras. Por ello, las actividades productivas que se desarrollan en el mundo rural, fundamentalmente las silvoagropecuarias, deben ser decididamente modernizadas a fin de armonizar la producción de bienes fundamentales para la población, como son los alimentos, con el mantenimiento del entorno natural, la salud de las personas y la salud de los ecosistemas.

Afortunadamente hay abundantes avances científicos que señalan que un manejo ecológico de los cultivos favorece la misma producción y la sostiene a largo plazo, con un daño sanitario y ambiental reducido. Ya existen los conocimientos, la sensibilidad y nuestra voluntad para hacer de Chile un paradigma de producción agroecológica, en armonía con las comunidades locales. Procesos tan importantes como la fertilización de plantas para que produzcan frutos y semillas, así como el control de plagas agrícolas, pueden potenciarse a través de aplicar conocimiento científico y técnico, sin destruir la vida de los suelos, ríos, lagos de los territorios. Caminaremos decididamente hacia la implementación general a nivel país, de prácticas económicas rurales compatibles con la salud de los ecosistemas y con la sostenibilidad de la producción. Estas prácticas limpias requieren de la conservación y restauración de la matriz natural (ecosistemas nativos) que son la fuente de los servicios que la economía agrícola usará para su producción, ahora de mayor valor.

Los ecosistemas nativos sanos ya no son calificados como un obstáculo a la producción, sino como un potenciador de esta, con estándares del siglo 21.

Plan respecto al agua y sus usos

El uso de los territorios de Chile debe ser cuidadosamente planificado, con una visión sistémica, que integre la actividad productiva sostenible en el tiempo, con el bienestar de las personas y la salud de los ecosistemas.

La organización territorial que debemos desarrollar está determinada en base al agua, lo cual responde a la particular geografía de Chile y su diversidad ecosocial, así como a las consecuencias ya patentes del cambio climático.

Las cuencas hidrográficas (Chile tiene más de cien) son evidentemente las unidades básicas de los territorios, determinadas por sus fuentes y cursos de agua (sobre todo en la zona centro y sur de Chile). Cada cuenca posee sus particularidades geológicas, climáticas, ecológicas y sociales, que deben ser consideradas para una planificación territorial efectiva. Las actividades económicas que se realizan en las bio-regiones de Chile y su integración en la matriz social, cultural y natural deben ser planificadas bajo el paradigma del sinergismo entre la economía, los ecosistemas sanos y el bienestar de las comunidades locales con poder de decisión.

El agua es el elemento limitante de la fotosíntesis, que es la entrada de energía que alimenta a toda la trama trófica de seres vivos, incluyendo a los humanos. Para tener un buen manejo de las aguas de nuestro país es fundamental tener criterios de prioridad respecto a las fuentes, distribución y accesos al agua dulce. En el primer lugar de prioridad, debe estar el acceso de las personas para consumo doméstico, en segundo lugar, el aseguramiento de la protección de las fuentes de agua y de las condiciones que permiten su mantenimiento de los ecosistemas. Proponemos la creación de áreas protegidas fluviales, cuidadosamente identificadas, que promuevan la sostenibilidad del agua para toda la vida que genera, y para permitir la restauración de los ecosistemas ya seriamente afectados. En tercer lugar, la actividad silvoagropecuaria de los pequeños productores y de aquellos que utilicen técnicas de agroecología.

Las actuales normativas, ya obsoletas, sobre derechos de agua, serán sustituidas por un cuerpo legal moderno, basado en el conocimiento científico, en las experiencias de los ciudadanos y del sector privado, acorde a los horizontes socionaturales establecidos en nuestro proyecto país.

Reorganización del espacio urbano: hacia ciudades naturales

El Buen Vivir como modelo de vida guía para el ser humano es un concepto ancestral propio de (al menos) los pueblos originarios del Cono Sur, entre otros, de la cultura de nuestros ancestros y hermanos mapuche (Küme Mongen). Esto no significa que el Buen Vivir no pueda darse, y servir de guía, para la organización de la vida dentro de la vida urbana en las ciudades. Por el contrario, pensamos que entrega consejos claros respecto a cómo hacerlo.

No tiene sentido humano que las grandes ciudades se organicen de manera que los y las trabajadoras pasen gran parte de su tiempo diario en un medio de transporte (micro, metro, auto, etc.). En Santiago, el tiempo de viaje entre el trabajo y el hogar llega de 4 horas (ida y vuelta) en promedio, para la mayoría de las comunas. Las ciudades están organizadas de tal manera que sus habitantes apenas tienen acceso a unas pocas, lejanas y pobres “áreas verdes” (“plazas”). Diferentes disciplinas académicas muestran que esta forma de organización urbana no favorece la calidad de vida de sus habitantes.

La ciencia académica de la Ecología Urbana ha mostrado con seriedad que la fuerte presencia de áreas verdes, preferentemente de carácter nativo (atrayendo aves nativas, etc.), es la mejor forma de organizar las áreas urbanas cuando se enfoca el objetivo en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Por su parte los estudios sobre Psicología del Bienestar y la Felicidad, han mostrado que el transporte en bicicleta y la corta distancia hogar-trabajo son de los principales predictores de felicidad. El conocimiento académico no hace sino demostrar, a la manera científica, lo que los pueblos originarios saben milenariamente: que el modo de vida más humano es el que se ha descrito como de “Escala Humana”.

Esto implica re-entender las ciudades y organizarlas en torno a la vida de barrio, al teletrabajo, la corta distancia hogar-trabajo, el transporte en bicicleta, la “ciudad en 15 minutos”, las Megaciudades Policéntricas (por ejemplo, que en Santiago exista un Centro por Comuna, con actividad económica, estación de Metro, etc., es decir, cada Comuna entendida como una ciudad, y Santiago entendido como una Multiciudad), el fomento de la economía barrial circulante, del uso más libre (y sin, o muy bajos, impuestos) del espacio público a nivel comercial por parte de micro y pequeñas empresas. Existe una enorme proporción del territorio estatal urbano destinado a la circulación de automóviles. Con un plan de largo plazo, se deben ir reemplazando dichos terrenos por áreas verdes y de movilización ciclística. Por supuesto, este proceso a largo plazo no pretender eliminar, ni mucho menos, el transporte automotriz, sino reorganizar las ciudades para optimizar el bienestar humano, parte de la guía del Buen Vivir.

El Buen Vivir no centra el objetivo de la organización social y vital en torno a la maximización de la productividad de bienes materiales. En contraste, se centra en el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano y de la naturaleza (Ñuque Mapu, madre naturaleza), de los derechos y deberes que de ella se derivan, y en la centralidad de los valores de la solidaridad, la fraternidad y la paz en la convivencia comunitaria y sostenible entendiendo a los seres humanos como parte (y dependiente) de la naturaleza. Ser gente de la tierra (Mapuche), en un entorno urbano, significa literalmente ser Gente de la Tierra, en ese preciso entorno urbano. El entorno en el que vivimos, sea ciudad, campo o naturaleza, es responsabilidad nuestra, de cada uno. Su belleza, su vegetación, su paz, su seguridad, su dignidad, es responsabilidad de sus habitantes.

Proponemos reencauzar el desarrollo de las ciudades a una configuración urbana más acorde con la naturaleza humana. Ciudades donde las personas tengan menos obstáculos para el Buen Vivir, donde el espacio público fomente las relaciones sociales y donde la naturaleza impregne nuestros espacios y nuestro tránsito.

Esto implica planificar el desarrollo inmobiliario y de infraestructura, poniendo como primer objetivo el bienestar de los habitantes del barrio y la comuna. Aplicaremos los recientes avances de la ecología urbana, a fin de gozar los servicios que la naturaleza aporta a la salud emocional y física de los habitantes, a su espíritu, al buen vivir.

Proponemos reorganizar las megápolis en núcleos comunales, barrios, donde esté disponible para sus vecinos el grueso de sus requerimientos de consumo, de educación, de cultura, de trabajo, de salud, de recreación. Menos tiempo al traslado, más tiempo a la convivencia.

Desarrollar el comercio local, los servicios locales, el mantenimiento de la cercanía de las redes de familiares y amigos. Con ello, la responsabilidad por el cuidado y mejoramiento de los espacios públicos, de la seguridad, de la sostenibilidad económica y ambiental, en la escala natural de las relaciones humanas.

Se elevarán los estándares técnicos de la vivienda social, los que deben incluir mejores propiedades de habitabilidad interior (superficie mínima por morador, aislamiento térmico y acústico, resistencia a sismos, iluminación natural, belleza, entre otras) así como mejores características de entorno (parques y jardines, espacios para niños y ancianos, seguridad) y posibilidades de ampliación y modificación.

Salud integradora

Impulsaremos una cultura de salud integral inspirada en el Buen Vivir, enfocado principalmente en prevenir las enfermedades, tanto físicas como mentales, en base a un mejoramiento de la calidad de vida y los hábitos del vivir. Facilitaremos el vínculo entre el ser humano y su entorno natural a través de políticas públicas que faciliten actividades al aire libre, fortaleciendo los accesos al entorno natural de nuestro país. La salud, deberá ser abordada sistémicamente, considerando sus determinantes físicos, como también los sociales y ambientales.

Existen grandes desafíos en salud los que requieren soluciones consensuadas tanto con los trabajadores y trabajadoras de la salud y la comunidad. Nuestro programa ha recogido propuestas provenientes de universidades, sociedad científicas y colegios profesionales presentadas a la Cámara de Diputados en junio del 2021. Entre estas se establece fortalecer la atención primaria de salud (APS), como uno de los ejes principales para la prevención y tratamientos de enfermedades al respecto: i) Reconocemos la diversidad de nuestros territorios por lo que implementaremos estrategias descentralizadas y participativas que nos permitan adaptarnos a las necesidades locales ii) Creemos también insostenible la precariedad laboral en salud y proponemos la eliminación del trabajo informal en el sistema público de salud iii) Existen un carencia importante de horas de especialista en el sector público, carencia que amerita un significativo aumento de las horas de consultoría con las especialidades de mayor demandas de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.

Impulsaremos la salud digital a través de la creación de un Instituto de Salud Digital (ISD) que tenga como objetivo evaluar las necesidades y proponer soluciones a las problemáticas territoriales, así también el entrenamiento de profesionales en salud digital, la estandarización y fiscalización de las prestaciones digitales. El ISD tendrá como objetivo implementar programas de asistencia a distancia, el cual será complementado a través de modelos mixtos integrados que consideren la atención presencial cuando sea necesario. Así también el ISD podrá apoyar en las tareas de promoción, prevención, educación e investigación resguardando la identidad y los derechos de los pacientes.

Fortaleceremos el acceso a la salud bucal, la cual se ha deteriorado en la población, a través del incremento de sillones dentales operativos y las salas de procedimientos, así como también se realizarán inspecciones preventivas en todos los centros educacionales del país. Asimismo, se reducirá progresivamente el copago de los afiliados a FONASA e ISAPRES, a fin de desvanecer la limitación económica del acceso a la salud bucal.

La salud mental también será abordada como una de los principales desafíos hacia el Buen vivir, las cifras en Chile son alarmantes y requieren de una revisión profunda al plan nacional de salud mental así también personal y recursos que permitan la implementación territorial que fortalezcan el plan comunitario de salud mental. Sin embargo, y como bien ha declarado la Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile, es imposible desconocer los estímulos externos al individuo que impactan en su salud tanto física como mental como la pobreza, la desigualdad, la distribución del poder económico, las limitaciones a la participación en las decisiones políticas de su entorno, la seguridad de su empleo, las pensiones, la vivienda, la equidad y el acceso a la educación entre muchas problemáticas causales del deterioro de la salud mental, nuestro gobierno abordará los problemas de fondo con una mirada solidaria, comunitaria y centrada en el buen vivir de las personas. La cobertura y los copagos de los pacientes deben ser reducidos progresivamente, a fin de facilitar decididamente el acceso a la salud mental y promoverla como una vía preventiva de enfermedades posteriores, más grave y más costosas en su tratamiento.

Le daremos un lugar a los procedimientos preventivos y curativos que provienen de las sabidurías ancestrales. Con una clara distinción entre la medicina científica ("farmacias", "médicos/as") y la medicina tradicional ("boticas" y "sanadores/as"), se generarán centros interdisciplinarios para el intercambio de conocimientos y el desarrollo científico en base al conocimiento medicinal y terapéutico de los pueblos originarios. En esta línea nos sumaremos al gran tratado medioambiental de Latinoamérica y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, un convenio promovido por la CEPAL en la cual entre otras cosas se reconoce el valor de la medicina ancestral y su origen.

Ciencia y tecnología

Chile es un país destacado en América Latina en cuanto a su productividad científica, relativa a su población, a su número de investigadores activos, y especialmente en relación a la inversión del país para el desarrollo científico. A modo de ejemplo las economías con una matriz productiva basada en el conocimiento, tales como Alemania y Corea del Sur, invierten un 3.2% y un 4.6% de su PIB respectivamente mientras en Chile la inversión ha a sido reducida desde el 2015 con un 0.38% a un 0.34% del PIB. El promedio OCDE de inversión en ciencia oscila en torno al 2.4% del PIB. El profesionalismo y seriedad que han demostrado los científicos chilenos garantizan que el necesario progreso del conocimiento debe pasar por aumentar la inversión nacional en ciencia de manera significativa, hasta cifras decentes y comparables con los países a los cuales nos queremos acercar en su nivel de vida.

Nuestro gobierno pretende duplicar la inversión en ciencia, tecnología e innovación en 4 años, los que nos llevaría alrededor de un 0.68% del PIB, proyectándonos a un 1% en los próximos 6 años. Asimismo, pretendemos fortalecer los programas de doctorados y magíster académicos acreditados entregando un número mínimo de becas directas para ser administradas directamente por los programas, a los que se sumarían becas extraordinarias otorgadas por las Agencia Nacional de Investigación.

Junto a lo anterior, mejoraremos las condiciones de trabajo de los principales actores directos que sostienen la labor científica: investigadores, asistentes técnicos y administrativos. Como gobierno pretendemos abordar esta problemática priorizando al ser humano y sus derechos, regularizando la situación laboral a través una política de “Ciencia con Contrato”. Esto aliviará la precariedad laboral de los trabajadores de la ciencia, permitiéndoles dedicarse a su labor con tranquilidad y concentración.

Una vez solucionada la crisis humana tras el actual desarrollo científico en Chile, crearemos instancias de comunicación real con la comunidad científica atendiendo las necesidades particulares tanto de las temáticas como de los territorios en los cuales se desempeñan.

Sin embargo, hay otros ámbitos en los que la actividad científica se ve inhibida en la actualidad, perdiendo oportunidades de futuro.

Por un lado, se requiere promover una ciencia de carácter exploratoria e inventarial, que no genera directamente aumentos en los indicadores cienciométricos utilizados con demasiada prisa en la actualidad. Como ejemplo, se requiere determinar con precisión y rigor qué genes, especies, conjuntos de especies y ecosistemas se encuentran en las distintas regiones de nuestro país, así como su rol en la provisión de servicios ecosistémicos, su estado de vulnerabilidad local y los riesgos ecológicos, sociales y económicos asociados a su pérdida. Este tipo de estudio, de largo plazo, requiere el trabajo de científicos especialistas que sin embargo están fuera del sistema vigente de financiación. Sin embargo, este tipo de ciencia tiene el valor de ser el insumo fundamental de información sobre el cual puede desarrollarse la ciencia básica experimental, teórica y aplicada, posibilitando un despegue de la generación y aplicación local de conocimiento.

Otro aspecto olvidado, es que los ámbitos de acción del científico abarcan mucho más que la actividad en un laboratorio. Los científicos tienen un enorme potencial de aportaciones a nivel de toma de decisiones estratégicas, análisis de riesgo y manejo de información, esenciales en todos los sectores económicos y administrativos del país, en el marco de una sociedad del conocimiento.

En nuestro gobierno desarrollaremos de forma participativa nuevos instrumentos de fomento a la generación de conocimiento científico que hoy no tiene financiación, por no otorgar puntos de indicación de corto plazo, desechando así un potencial de desarrollo social importante.

De igual modo, revisaremos la distribución de la financiación científica, con el fin de evitar la excesiva concentración de fondos y la redundancia financiera. Crearemos también instancias de comunicación efectiva con la comunidad científica, atendiendo las necesidades particulares tanto de las temáticas como de los territorios en los cuales se desempeñan. A un nivel particular, crearemos una división dentro de la ONEMI para la preparación del país para afrontar futuras pandemias. Esta división tendrá representación territorial y tendrá como finalidad la planificación de estrategias de contención de brotes epidémicos, el monitoreo local e internacional de potenciales patógenos con especial atención en aquellos países en los cuales existe alto flujo comercial

Medio ambiente

Promoveremos los derechos de la naturaleza, asimilándola a las que corresponden a una persona legal viva con los atributos necesarios para terminar con décadas de leyes medioambientales fallidas que no han sido capaces de proteger la “casa común”. Incentivaremos un cambio de paradigma cultural para percibir y relacionarnos con toda la naturaleza y la riqueza de la biodiversidad como fuente de vida, salud y bienestar para la comunidad de vida. El medio ambiente no será más una fuente de productos y servicios básicos para la explotación indiscriminada por parte de seres humanos que buscan su beneficio propio, sino una entidad viva esencial para asegurar el bien común.

En este sentido, es necesario eliminar la consecuente tensión que existe en la actual realidad antagónica entre el desarrollo económico vs. la vida silvestre. Por ello, como la principal medida de largo plazo se incorporará como condicionante a todo proyecto de desarrollo que implique afectación ecológica de cualquier índole tenga entre sus objetivos el mejoramiento neto del sistema natural circundante mediante acciones de protección, conservación y restauración.

Medidas:

Firma del acuerdo de Escazú.
Iniciar la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)
Eliminación de la instancia del Comité de Ministros en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Aumentar la capacidad fiscalizadora de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Ingreso de la actividad pesquera y acuícola al SEIA.
Ingreso de la actividad agrícola al SEIA
Ingreso de todos los proyectos de actividad forestal al SEIA (no sólo los que superen las 500 hectáreas).
Generación de un proceso de capacitación y certificación de expertos y técnicos habilitados para desarrollar estudios de impacto ambiental.
Migración de las potestades de gestión de protección, conservación y restauración de CONAF, SAG (Ministerio de Agricultura), SUBPESCA y SERNAPESCA (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo), Consejo de Monumentos Nacionales (Ministerio de las Culturas) y la protección de áreas protegidas (Ministerio de Bienes Nacionales) hacia el Ministerio del Medio Ambiente.
El SEIA incorporará la evaluación de la implementación de medidas de bienestar animal durante todo el ciclo de vida de los animales.
Generación del catastro de las cuencas hidrográficas de Chile, el cual permita la planificación sustentable de su uso a corto y largo plazo.
Aceleración del proceso de normas secundarias de calidad ambiental para todas las cuencas de Chile.
Implementación de planes de restauración ecológica para los predios bosque nativo afectados por incendios, los cuales no podrán cambiar su uso de suelo (bosque quemado → bosque restaurado).

Regulación del mercado de las drogas

Nuestro programa promueve la despenalización de un conjunto importante de drogas recreativas, cuya penalización ha causado gravísimos perjuicios a las sociedades como un todo (sobre todo en Latinoamérica), incluyendo el que muchos habitantes para sobrevivir trabajen ilegalmente para satisfacer la demanda legítima de personas adultas y libres que deciden consumir dichas drogas recreativas (lo que incluye al alcohol, única droga recreativa legal en Chile). Esto excluye a aquellas drogas gravemente dañinas, e incluye el rol de la sociedad en su conjunto, y con el compromiso del Estado, hacia la Educación en el Consumo Responsable de Drogas.

El negacionismo de las drogas recreativas, representado en el slogan del gobierno del presidente Sebastián Piñera: “Elije Vivir sin Drogas”, es una irresponsabilidad y representa una grave desorientación hacia la juventud, que no les permite aprender a distinguir a tiempo la diferencia entre la marihuana (una droga recreativa que no mata a nadie bajo consumo responsable) y la pasta base (que ha matado, causado el suicidio y destruido las vidas de miles de jóvenes, sólo contando dentro de Chile). La distinción entre tipos diferentes de drogas, y sus diferentes efectos, asociados a sus diferentes usos, debe ser parte de la educación. Así mismo, la venta a menores de edad de drogas recreativas debe ser prohibida (así como lo es la venta de alcohol a menores).

La academia científica chilena debe tener el acceso, y el apoyo estatal, para estudiar científicamente, perfeccionar y educar, en base a la evidencia, sobre el conocimiento respecto a las drogas recreativas.

A su vez, nuestro gobierno regulará la fabricación, importación y comercialización de estas, incorporándolas al mercado como un bien de consumo regulado. En el caso de sustancias que comprometan más seriamente la salud física o mental de los consumidores, se mantendrá la prohibición de fabricarse, importarse o comercializarse. El procedimiento de autorización de entrada al mercado de toda sustancia psicoactiva seguirá los mismos protocolos que los medicamentos psicoactivos farmacéuticos comunes, basados en evidencia científica y pruebas clínicas. Por otra parte, la compra de estas sustancias a proveedores no regularizados estará penalizada, como ocurre con los medicamentos de venta controlada. De este modo, se promueve que el consumidor opte por el mercado regular, sometido a fiscalización sanitaria y financiera. De ningún modo se permitirá el suministro de estas sustancias a menores de edad. Estas acciones serán acompañadas con una fuerte iniciativa educacional orientada al consumo responsable.

Administración moderna del Estado

Proponemos una modernización del estado, pensada en aliviar el accionar de los ciudadanos y sus emprendimientos. Apelamos a sacar el mayor provecho de las actuales tecnologías de la información, de inteligencia artificial y de ciberseguridad, a fin de minimizar los trámites presenciales de los civiles. Digitalizar los servicios de registro e identificación, servicios notariales, judiciales, contratos, certificaciones, etc. Valoramos la vida y el tiempo de las personas y hoy es posible eliminar innecesarios obstáculos burocráticos.

Diversidad humana, Inclusión y género

Nuestro gobierno establecerá la prioridad de la inclusión como un fundamento de todas las organizaciones y acciones a nivel país. La diversidad humana, que considera la variedad de edades, de culturas, de género, de habilidades diferentes (e.g. personas en situación de discapacidad o con habilidades diferentes), entre otras, no solo debe considerarse en términos de la justicia y dignidad que merecemos todas las personas, sino también como una fuente de riqueza en saberes, sensibilidades, experiencias, que alimenta nuestra sociedad y nuestra convivencia. Reconocemos en todas las personas, con sus naturales y legítimas diferencias, un valor que enriquece nuestras decisiones, actitudes y nuestro buen vivir.

Para coordinar los esfuerzos y avances en este sentido, así como para asegurar la no discriminación a nadie por sus diferencias personales, promoveremos ampliar las facultades y responsabilidades del actual Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, transformándolo en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad Humana.

De manera fundamental, promoveremos la educación educación inclusiva, a todos los niveles educativos y en las capacitaciones técnicas, profesionales y de liderazgo. Esta misión, a cargo del Ministerio de Educación en coordinación con el nuevo Ministerio de la Mujer y de la Diversidad Humana, pretende establecer en las generaciones futuras el valor de la diversidad y la virtud de la inclusión para la convivencia nacional.

1 Ver https://www.lemondediplomatique.cl/manifiesto-por-la-agricultura-familiar-primera-linea-de-la-alimentacion.html