A la luz de la economía comprensiva el mercado no es algo “dado” y natural sino una construcción social determinada en la que intervienen todas las personas y sujetos económicos, y que no solamente incluye las actividades que tienen que ver directamente con los flujos de bienes, servicios y factores. Los sujetos que despliegan en el mercado sus acciones, son fuerzas sociales que potencian sus posiciones organizándose, adquiriendo coherencia ideológica y cultural, tomando conciencia de sus propios intereses y posibilidades, actuando políticamente sobre la Sociedad y el Estado, para obtener más poder de control y conducción de su propio destino.
La institucionalidad jurídica y política regula el accionar de los distintos sujetos sociales y económicos, garantizando los deberes y los derechos de cada uno, estableciendo los límites de un accionar legítimo, favoreciendo a algunos sectores (vulnerables o desprotegidos) más que a otros, otorgándoles concesiones y privilegios, etcétera. En tal sentido, la institucionalidad es también parte integrante –relevante– de la relación de fuerzas que define la distribución y asignación de la riqueza del mercado.
Con el término ‘mercado democrático’ se identifica una conformación teórica del mercado determinado en que el poder se encuentra altamente distribuido y diseminado socialmente entre todos los sujetos de acción económica, repartido entre una infinidad de actores sociales, desconcentrado y descentralizado; esto es, en que la asignación y distribución de recursos y bienes se realice en términos de una correlación democrática de las fuerzas que intervienen en la economía; pero una relación de fuerzas que, además, se manifieste como un campo de interacción en que los sujetos no se mantengan separados y enfrentados como adversarios irreconciliables, sino que manifieste el más alto grado de integración social y de armonía entre todos los participantes. El mercado democrático es pues un mercado perfectamente integrado, con predominio macroeconómico de la Comunidad, predominio manifestado por la expansión de relaciones económicas integradoras.
Con este nuevo concepto de mercado se hace posible la apertura de un espacio de análisis y reflexión inédita, en el que los temas de la óptima asignación de los recursos y de la justa distribución de la riqueza quedan integrados en una perspectiva más amplia, que involucra elementos económicos, políticos, culturales y ambientales.
En efecto, sólo si se presta atención a los aspectos sociales y subjetivos de la vida económica, si detrás de las variables y parámetros se identifican sujetos y fuerzas reales, y detrás de los automatismos y regularidades se observan comportamientos, y si en vez de equilibrios entre fuerzas mecánicas de oferta y demanda se descubren las correlaciones entre fuerzas sociales e interacciones entre las actividades reales, se hace posible dar consistencia teórica al concepto de mercado democrático y diseñar consecuentemente un proyecto o propuesta estratégica de democratización de la economía.
Son condiciones del mercado democrático:
a. La existencia de una real libertad de iniciativa económica, tanto de los individuos como de las comunidades y grupos organizados;
b. La existencia de efectivas posibilidades de participación en la toma de decisiones colectivas por todos los sujetos involucrados en las actividades y que resulten afectados por tales decisiones;
c. La existencia de un alto grado de integración social y de solidaridad, esto es, que los elementos de unión predominen sobre los de conflicto, y la cooperación sobre la competencia;
d. La existencia de un cierto nivel de desarrollo económico, tal que la provisión de bienes sea suficiente para satisfacer las necesidades fundamentales de toda la población, pues de lo contrario la lucha se exacerbaría; y
e. La existencia de un sistema de comunicaciones fluido y eficiente que permita el acceso de todos a la información relevante para la toma de decisiones individuales y colectivas.