CAPITULO IV. LA CUESTIÓN DE LA AUTONOMÍA Y DE LAS RELACIONES CON EL MERCADO Y CON LAS INSTITUCIONES DE APOYO
1. El significado de la autonomía y el grado de autosuficiencia requerida.
Entre los temas que mayor interés han despertado al interior de las organizaciones económicas populares y otras formas de economía solidaria y cooperativa, el de la autonomía que ellas puedan alcanzar en su operación y gestión y el del modo de su inserción y participación en el mercado, constituyen un centro de preocupación y discusión verdaderamente crucial. Ambos temas se encuentran tan estrechamente ligados, que no es posible avanzar en la clarificación de uno sin proceder simultáneamente a un análisis riguroso del otro; desgraciadamente, la discusión sobre ambos se ha desenvuelto a menudo separadamente, lo que ha impedido acceder a un nivel de comprensión científica del asunto, superando puntos de vista y adopción de posiciones en base a consideraciones o deducciones de índole puramente ideológica.
Nos proponemos poner de manifiesto la indisoluble conexión de ambos problemas y adelantar algunas líneas de respuesta y proposiciones de acción, a partir de un planteamiento teóricamente riguroso del asunto. Una adecuada comprensión de estos problemas ha de proporcionarnos, además, importantes elementos para profundizar la más amplia cuestión de las potencialidades que estas formas de organización económica puedan desplegar en la perspectiva del desarrollo económico y de la transformación democrática del mercado.
El término “autonomía” puede ser entendido de diferentes maneras, y de hecho se lo utiliza en distintos sentidos, razón por la cual es necesario precisar el contenido que aquí queremos darle al concepto.
En términos generales, “autonomía” apunta a individualizar una situación de independencia de la organización respecto de agentes externos de diverso tipo, tal que la adopción de decisiones se verifique por los mismos sujetos integrantes de ella, en función de sus propios objetivos, intereses y modos de pensar.
Ahora bien, es obvio que toda organización y toda acción se encuentra condicionada y enmarcada por las circunstancias y el contexto en que existe y se desenvuelve, de modo que no es posible pensar en una autonomía absoluta (que sería exclusivamente propia de un ser perfecto y todopoderoso) sino en algún grado de autonomía relativa. Esto significa, más concretamente, que la autonomía consiste y se verifica en el modo en que la organización se relaciona con los otros sujetos y organizaciones con que interactúa durante su funcionamiento y operación; y al mismo tiempo, que la autonomía se alcanza precisamente a través de esas relaciones, cuando se desenvuelven de un cierto modo, con ciertas características, con determinadas tendencias y dirección. La autonomía no es, pues, un hecho, sino un proceso; no es dato, sino un sistema de relaciones.
Establecido este carácter relativo y condicionado de la autonomía posible y deseable de alcanzar, podemos dar un segundo paso en la definición de nuestro concepto, en función de precisar el significado que la autonomía tiene para y en estos tipos de organización a que nos estamos refiriendo. Se trata, más exactamente, de identificar la dirección del proceso de autonomización mencionado.
El punto de partida en que se encuentran los sujetos que forman estas organizaciones suele ser una situación de extrema dependencia, dada por la incapacidad de enfrentar sus problemas y satisfacer sus necesidades (incluso las de la subsistencia elemental) en forma individual. Ellos se organizan, precisamente para superar en alguna medida esa extrema precariedad. El hecho de constituir una organización económica de tipo autogestionario es de por sí un primer paso en el proceso de autonomización, y señala inmediatamente la dirección del proceso iniciado y el objetivo perseguido.
Podemos expresar tales objetivos y dirección como la búsqueda de control sobre las propias condiciones de vida, que se inicia con el simple acceso a los medios de subsistencia y debe prolongarse en una creciente capacidad de controlar las condiciones materiales, sociales y culturales en que se desenvuelven sus vidas. En otras palabras, si se busca autogestionar la propia organización, adoptando decisiones en función de los objetivos e intereses de sus integrantes con las menores interferencias posibles de agentes externos, se hace con la intención de ejercer algún grado de autocontrol sobre las circunstancias y condicionamientos que enmarcan y contextualizan las actividades del grupo y la satisfacción de sus necesidades.
Si esto es claro cuando la organización se forma mediante la asociación de trabajadores desempleados y de personas carentes de medios para asegurar su subsistencia, la dirección señalada es también manifiesta cuando a las organizaciones autogestionadas se integran trabajadores que dejan su empleo asalariado y dependiente con el propósito de trabajar en algo propio o en forma cooperativa.
En la dirección del proceso de la autonomía se encuentra, pues, algún grado de autosuficiencia que la organización como tal quiere alcanzar, para asegurarle a sus integrantes la superación de su precariedad y dependencia vital, y un progresivo perfeccionamiento y desarrollo personal de los mismos, esto es, la ampliación y potenciamiento de sus capacidades (de trabajo, de gestión, de administración, de iniciativa y creatividad, etc.).
La autonomía no está dada, entonces, sólo por la posesión de cosas y activos económicos, sino principalmente por la ampliación de los espacios de libertad y de las capacidades y fuerzas propias de los individuos y grupos.
Un tercer peldaño en la individuación del concepto de autonomía puede subirse en base a ésta última consideración. Si el tema de la autonomía ha estado tan presente en el debate sobre estos tipos de organización, si en tal debate el mismo concepto ha adoptado distintas acepciones y se ha enmarcado en disputas de tinte ideológico, si nos ha sido necesario partir señalando que el tratamiento del problema no puede hacerse rigurosamente sin vincularlo al de las relaciones que las organizaciones establecen en el mercado, y si -finalmente- tiene sentido la explicitación de algo tan obvio como que la autonomía no puede ser sino relativa, es porque de las organizaciones económicas populares, solidarias y cooperativas se suele esperar y esperamos un tipo de autonomía distinto, que nadie pensaría en plantear respecto a las empresas capitalistas o estatales. La razón para ello ha de encontrase en la voluntad para ser distintas, de operar de otro modo, de constituir una alternativa, que caracteriza a estas organizaciones y a la economía solidaria, cooperativa y autogestionada. La búsqueda de la autonomía se refuerza con la pretensión de la alteridad.
Ello hace más fuerte la tensión hacia la autonomía, agrega motivos adicionales para superar las dependencias, y pone requerimientos de un mayor grado de autosuficiencia. Pero es oportuno advertir que no ha de confundirse autonomía y autosuficiencia con aislamiento, y ello precisamente porque las organizaciones quieren ser alternativas y transformadoras. Un grupo que se aísla del resto de la sociedad limita, por ese mismo hecho, el impacto que pueda ejercer sobre ella. Un grupo que se aísla corre riesgos muy grandes de deterioro interno, por desgaste de energías en asuntos de menor importancia, y por falta de estímulos para desarrollarse. Por ambos motivos, es conveniente que cada unidad económica y el sector solidario como un todo, se encuentren insertos en la economía general, que participen “a su manera” en el mercado, sin perder su propio carácter y el modo de operar; participación que debiera a la vez estimular su dinamismo propio y tener efectos democratizadores y transformadores de la economía en general. El problema consiste, exactamente, en evitar que dicha participación implique pérdida de identidad, instrumentalizaciones, adopción de procedimientos contradictorios, consecuencias de alguna subordinación estructural.
En síntesis, el problema de la autonomía consiste en identificar (teórica y prácticamente) un modo de organización y operación internos y un sistema de relaciones con el mercado externo, que permita avanzar en un proceso por el cual las organizaciones adquieren creciente independencia y autosuficiencia para adoptar libremente decisiones en función de sus propios objetivos e intereses, en la perspectiva de un progresivo desarrollo de las capacidades personales y de control sobre las propias condiciones de vida, desplegando un modo de ser y de actuar alternativo que en alguna medida se proyecte hacia una transformación democrática de las relaciones económicas y sociales.
La pregunta relevante que puede orientar las decisiones para avanzar en un proceso de autonomización de las organizaciones es la siguiente: ¿cuándo una unidad económica puede considerase completa, en el sentido de que sea capaz de operar eficientemente y de tomar sus propias decisiones, sin necesidad de ayudas externas ni de recibir donaciones que impliquen dependencia?
2. Cuándo una unidad económica está en condiciones de decidir y operar con autonomía.
La respuesta es más simple de lo que suele creerse, y tiene un carácter marcadamente técnico: para que una unidad económica pueda operar eficientemente sin dependencias externas, es preciso que posea todos los factores necesarios para operar, en las cantidades y proporciones suficientes para generar los activos o ingresos económicos indispensables para satisfacer las necesidades de consumo de sus integrantes y para la reposición (y ampliación) de los factores utilizados.
Son cinco los factores necesarios para el funcionamiento de una unidad económica: la fuerza de trabajo (energías y capacidades generales y especializadas, para la ejecución de las tareas de producción, comercialización, administración, etc.); la tecnología (informaciones y conocimientos prácticos relativos a las operaciones y funciones propias de la unidad, para diseñar los productos y programar los procesos técnicos); los medios físicos de trabajo (local o lugar de trabajo, materias primas e insumos, equipamiento instrumental y maquinaria); el financiamiento operacional (dinero para adelantar los gastos de operación); y la gestión (capacidades de organización, administración y dirección, y mecanismos adecuados para tomar decisiones en tiempo útil).
Todos los factores deben encontrarse combinados y proporcionados recíprocamente. En efecto, cada uno de ellos es necesario en cantidades y calidades definidas, correspondientes al nivel de actividad en que la unidad económica pueda asegurar su reproducción y, eventualmente, su crecimiento. La operación de la unidad requiere, también, que la combinación en que todos estos factores se encuentren al interior de la organización sea eficiente, lo cual significa, fundamentalmente, una cierta proporcionalidad definida entre ellos.
Con lo anterior, podemos comprender muy bien la extrema precariedad y la gran dependencia que manifiestan muchos talleres laborales y organizaciones económicas populares de distinto tipo. En efecto, a menudo se forman talleres teniendo sólo uno, dos, o tres de estos factores; por ejemplo, la fuerza de trabajo y algunas herramientas, o la fuerza de trabajo, ciertos conocimientos técnicos, y alguna capacidad rudimentaria de gestión. Pero basta que uno solo de los cinco factores falle, para que la unidad económica no pueda operar: si no hay capacidad de gestión, o es muy escaso el dominio del proceso tecnológico, o falta un mínimo de financiamiento para comprar materias primas y mantener la operación, el funcionamiento de la organización inevitablemente se detiene.
Por otro lado, es posible -y es la situación más corriente- que uno o varios de los factores forme parte de la unidad económica en cantidades y calidades excesivas o bien insuficientes; por ejemplo, puede haber demasiada fuerza de trabajo para una dotación limitada de medios físicos, o escasa capacidad de gestión respecto a una dotación determinada de medios físicos, tecnología y fuerza de trabajo. Pues bien, como estos cinco factores son recíprocamente independientes y sólo marginalmente es posible que se reemplacen unos a otros, el nivel de actividad y los resultados de la operación se encontrarán limitados por la menor cantidad o más baja calidad del factor más débil en la organización. Este factor constituye su “cuello de botella”; y es conveniente detenerse a pensar que puede ser cualquiera de ellos, incluso la fuerza de trabajo (por más que se suponga en abstracto que los trabajadores la poseen en abundancia, pues a menudo sucede que el rubro de producción de un taller no corresponde a los oficios y especializaciones de sus integrantes).
Mediante el diagnóstico y la evaluación del grado de desarrollo que tenga cada uno de estos cinco factores, y de su concreta combinación, la unidad económica pude identificar cuáles sean los aspectos que requieren mayor aplicación y esfuerzo; y las instituciones que la apoyan y colaboran con ella pueden orientar sus servicios y donaciones en el sentido de acrecentar esos factores que se encuentren en situación más precaria o insuficiente, hasta alcanzar aquella globalidad y proporcionalidad que permita una operación autónoma y eficiente.
3. La dotación de factores y los modos de obtenerlos.
Los cinco factores necesarios pueden ser propios o externos a la unidad económica; propios son los que pertenecen a la organización misma (o a sus integrantes), y constituyen su patrimonio humano y material; externos son los que la unidad obtiene fuera de ella, sea a través de contratos, créditos o servicios gratuitos.
Mientras una parte de los factores necesarios sea externa -cualquiera sea el modo en que acceda a su uso-, la unidad económica no ha completado su formación y permanece dependiente en proporción a la cantidad y calidad de tales factores externos. El proceso de autonomización consiste, pues, a este nivel, en convertir en propios los factores externos necesarios para el funcionamiento de la unidad económica.
Recursos y factores económicos externos se encuentran diseminados por toda la economía; algunos de ellos están siendo actualmente empleados en actividades económicas por las diferentes empresas y negocios, mientras que otros están desocupados, disponibles para su utilización por quienes puedan organizarlos. Pero esos recursos y factores son siempre de alguien, que puede decidir sobre ellos y aceptar o no que se integren a unas u otras actividades económicas. Estas, pues, deben convocarlos, para lo cual deberán despertar el interés de las personas que los poseen, y ofrecerles las condiciones, recompensas, remuneraciones o motivaciones que los lleven a colocar esos recursos en estas unidades y no en otras. Vemos de nuevo, ahora más concretamente que al comienzo, como la cuestión de la autonomía se juega en las relaciones que las organizaciones logren establecer en el mercado y en el conjunto de la economía.
Pues bien, hay distintas maneras en que las unidades económicas pueden apropiarse de los recursos externos, siendo cuatro los principales caminos. El primero consiste en adquirir los factores a terceros, pagando por ellos su valor monetario de mercado. Por ejemplo, se compran equipos y máquinas; se contratan operarios; se adquieren diseños o adelantos tecnológicos; se contrata una asistencia técnica o asesoría profesional; se contrata un gerente o administrador; se consigue un crédito hipotecario que se cancela con determinados intereses. Si se observa bien, la posibilidad de apropiación de los factores por esta vía del intercambio supone que la organización cuente con un fondo de recursos acumulados (especialmente en dinero o en bienes transables), o al menos con la expectativa de ganancias próximas, como resultado de un funcionamiento exitoso, de donde podrán separarse los medios de pago requeridos. Todo esto implica una conveniente inserción en el mercado de intercambios.
El segundo camino es el de las donaciones. Por ejemplo: se reciben equipos y bienes en donación o préstamo sin interés; se acepta trabajo voluntario; se consigue una asistencia técnica gratuita; se recibe un curso de capacitación tecnológica; se obtiene apoyo financiero o materias primas para operar durante un tiempo; el grupo se beneficia con un curso de formación para dirigentes. La posibilidad de apropiación de los factores por esta vía de las donaciones, supone que la organización haga una solicitud de ellos ante instituciones y personas que operan sin fines de lucro; pero para motivar en ellos la decisión de hacer el aporte gratuito, deberán convencerlas no sólo de que necesitan y les hacen falta esos recursos, sino también de que sabrán aprovecharlos y que la organización es capaz de salir adelante; todo eso se expresa normalmente mediante un “proyecto”, donde el grupo demandante expone tanto sus carencias como sus potencialidades. Sólo así se logra una adecuada inserción en el “mercado de las donaciones”.
El tercer camino es el desarrollo de potencialidades propias, al interior de la organización misma, sin implicar donaciones ni intercambios. Ejemplos de este procedimiento son: la incorporación de nuevos integrantes al grupo, que incrementan la fuerza de trabajo; la fabricación y perfeccionamiento de equipos y herramientas con el esfuerzo y creatividad del mismo grupo; el aprendizaje práctico y/o teórico relativo a los procesos y funciones técnicas, a través de la experiencia o el estudio autodidacta; el ahorro interno efectuado mediante cuotas que pagan los socios o reservando una parte de los ingresos operacionales; el mejoramiento de la organización interna, precisando los criterios y mecanismos de gestión y administración, o cambiando a los dirigentes por otros más capaces, etc. Como es obvio, este tercer camino para la apropiación y desarrollo de los recursos propios requiere que el grupo esté bien integrado, que tenga alta motivación para el trabajo y el esfuerzo necesario, y que se generen iniciativas creadoras.
Hay un cuarto camino por el que las unidades económicas pueden acceder a los factores que les faltan, que son las subvenciones y aportes que las organizaciones pueden recibir del Estado y de las instituciones públicas (municipalidades, ministerios, organismos fiscales de asistencia técnica, programas especiales de fomento, etc.), como parte de planes de desarrollo y de políticas de redistribución de ingresos o asignación de recursos presupuestarios. Por esta vía las unidades económicas pueden obtener asistencia técnica, cursos de capacitación, créditos fáciles y convenientes, medios de trabajo, e incluso pueden “obtener” el ejercicio mismo de la gestión de sus actividades (es el caso, por ejemplo, de talleres laborales creados por CEMA y algunas municipalidades, en que las unidades económicas carecen de autonomía decisional).
4. El impacto de las relaciones externas en el modo de ser y operar de las organizaciones.
Hemos puesto ejemplos de apropiación de cada uno de los cinco factores, por cada uno de los cuatro caminos señalados. Ahora bien, si se observan más detenidamente esos ejemplos, se podrá notar que la calidad y características de esos factores resultarán muy distintas según el camino por el que sean obtenidos; por ejemplo, el mismo factor “gestión” será diferente si se contrata un administrador o si el grupo desarrolla colectivamente capacidades administrativas mediante un curso de capacitación; una asistencia técnica contratada en el mercado probablemente proceda con distintos criterios que una obtenida con profesionales pertenecientes a una institución de servicio sin fines de lucro; lo que pueda exigirse a un trabajador contratado es distinto a lo que pueda aportar un trabajador voluntario, o un socio de la unidad; y así en muchos casos.
Además, el camino que se siga para la apropiación del factor insuficiente influirá notablemente sobre la operación futura de la unidad económica. Por ejemplo, la valoración y el trato que se le dé a los equipos y medios de trabajo serán probablemente distintos si ellos fueron comprados, si los recibieron como regalo, o si fueron hechos con el trabajo propio; el grado de confianza que se ponga en una asesoría técnica o la atención que se ponga en un curso de capacitación, serán también diferentes si se ha pagado por el servicio o si éste ha sido obtenido gratuitamente; la productividad del trabajo asalariado, del trabajo voluntario y del trabajo asociado presenta habitualmente diferencias significativas.
La capacidad de autonomía de las organizaciones está fuertemente condicionada por el camino y el modo a través del cual obtengan la dotación necesaria de recursos. Del modo en que se establecen las relaciones con estas distintas fuentes de recursos dependen posibilidades de autonomización o riesgos de dependencia y subordinación. Debemos, pues, examinar más detenidamente el problema.
El análisis de las distintas vías a través de las que pueden las organizaciones obtener y apropiarse los factores que necesitan para su funcionamiento y desarrollo autónomo, nos permite comprender que estas unidades económicas se insertan en la economía global, vinculándose con los tres grandes sectores económicos, a saber, el mercado de intercambios, el sistema de donaciones, y el sector regulado o público.
Ahora bien, cada uno de estos tres sectores económicos distribuye y asigna recursos a los distintos agentes y unidades económicas existentes en la sociedad, pero lo hace con distintos criterios y lógicas, según las cuales seleccionan a los sujetos que se han de beneficiar. Estos son criterios de eficiencia, pero la eficiencia es entendida de manera distinta, e incluso opuesta, en el mercado de intercambios, en el sistema de donaciones y en la acción del Estado.
Como resultado de ello, las organizaciones económicas populares quedan sujetas a distintos juicios y evaluaciones, y son sometidas a diferentes exigencias y presiones. Desde cada uno de los tres sectores, pueden valorarse y criticarse sus actividades, y respecto a cada uno su participación puede ser mejorada y ampliada. Más en concreto: el juicio que da el mercado se expresa en si logran o no vender sus productos, abastecerse, obtener créditos, etc., recurriendo al mercado de intercambios; el juicio que da el sistema de donaciones se expresa en si las instituciones que ofrecen servicios y canalizan recursos gratuitos, consideran oportuno o no comprometer con ellas su acción promocional o benefactora; y el juicio del sistema público se expresa en si los órganos de decisión política les aportan o no subvenciones y ayudas.
Esta compleja vinculación con los distintos sistemas de asignación de recursos y distribución de ingresos, es causa de que en su propia estructura, funcionamiento y operación las organizaciones asuman un modo de ser y de actuar que será distinto al de aquellas otras unidades económicas que se relacionan con el resto de la economía sólo mediante relaciones de intercambio, o sólo mediante asignaciones jerárquicas.
El asunto es que, el hecho de operar en varios mercados y sectores, que les ponen exigencias distintas y a veces contrarias, las hace ser complicadas y a veces contradictorias en su propio comportamiento. Aparecen, concretamente, dificultades y problemas que es preciso identificar con precisión para descubrir las maneras de enfrentarlos. Por ejemplo: para funcionar eficazmente en el mercado de intercambios, un taller que tiene una dotación limitada de herramientas y equipamiento debiera funcionar con tres o cuatro trabajadores; pero ese mismo taller, para que sea apoyado por una cierta institución social, debe organizar un número mayor de personas, supongamos, unas quince o veinte. Así, lo que despierta una evaluación positiva del mercado de intercambio, suscita un juicio negativo del sistema de donaciones, y a la inversa.
Otro ejemplo: según el mercado, un taller funciona bien si la mayor parte de los esfuerzos de sus integrantes se dirigen a alcanzar una alta y buena producción, lo que implica dedicar el mayor tiempo posible al trabajo productivo y a la comercialización; pero según alguna institución de apoyo, esto puede ser mirado como economicismo; para ella, el taller funcionará bien si además de trabajar, sus integrantes dedicaran bastante tiempo a tareas de solidaridad, capacitación, reflexión colectiva, recreación, etc.
Aún otro ejemplo: la institución donante puede orientar la unidad económica (condicionándole el apoyo) a producir y vender a precios bajos para favorecer a la población popular, mientras que, según los criterios del mercado, a esa organización le convendría orientar su producción hacia sectores sociales más altos que puedan pagar mejores precios.
Y un último ejemplo: ¿no ha sucedido a veces que una organización económica popular que logra crecer y asegurar a sus miembros buenos ingresos, pierde por lo mismo el apoyo de una institución donante, desde donde incluso se la llega a criticar por haberse “desclasado” o alejado de la situación de pobreza compartida antes con el resto de la comunidad no organizada?
A menudo la recepción de las donaciones refuerza una cierta pasividad. Mientras el mercado de intercambios pone exigencias de competitividad, de iniciativas permanentemente renovadas que implican esfuerzos y riesgos, la recepción de donaciones puede inducir comportamientos y actitudes pasivas, toda vez que el grupo llegue a convencerse que un requisito para la mantención del beneficio es que el problema que dio lugar a la primera donación, siga presente sin solución; en tal caso la repetición de la ayuda se considerará asegurada, no sometida a más riesgo que el que provenga de algún cambio en el comportamiento o de un mejoramiento en la situación económica por parte del mismo beneficiario.
Este conjunto de problemas son muy comunes y recurrentes en las organizaciones económicas populares que funcionan simultáneamente para el mercado de intercambios y dentro de circuitos solidarios de apoyo. Esta situación explica muchas limitaciones e incapacidades de crecer que manifiestan numerosos grupos. Todos estos problemas explican en gran medida la dependencia que afecta a las organizaciones que participan como beneficiarias en el circuito de las donaciones. Esto permite comprender, también, que realmente muchas instituciones, a pesar de predicar la autonomía, de exigirla a los grupos que apoyan, y de buscar honestamente su desarrollo, de hecho son generadoras de dependencias no deseadas, pero igualmente profundas. Y permite comprender también las razones valederas que tienen a menudo las organizaciones que se quejan de que ciertas instituciones de apoyo las condicionan y limitan en su autonomía.
5. Complejidades y problemas de la autonomía respecto de las instituciones de promoción y apoyo.
En presencia de estos problemas y dificultades, algunas instituciones de apoyo optan por retirar su acción de servicio y sus donaciones, de las organizaciones económicas populares y demás formas de economía solidaria. Realmente interesadas en no generar dependencias como consecuencia de sus propias actividades de apoyo, optan por favorecer otro tipo de organizaciones populares, que no tienen carácter económico sino que orientan su acción en términos más propiamente reivindicativos, buscando formas de acción masivas y cuya eficiencia es de otro tipo, más próxima al de la lógica política.
Sin negarle validez y justificativos a dicha opción, cabe sin embargo señalar que ella implica, en definitiva, que se ha abandonado la lucha decisiva por la autonomía, pues el objetivo perseguido por tales otras formas de organización y acción ya no es el autocontrol sobre las propias condiciones de vida en base al despliegue de actividades que permiten soluciones propias basadas en el esfuerzo y desarrollo autónomo, sino la reivindicación de un mejor acceso y recepción de los beneficios sociales generados heterónomamente, sea en la economía privada como en la estatal. El resultado puede ser un mejoramiento de la inserción subordinada en esos sectores, pero no el desarrollo de sujetos autónomos no subordinados.
La opción alternativa es, por el contrario, tomar plena conciencia de las dificultades y exigencias de la verdadera y radical autonomía, y aceptar el desafío; comprender inmediatamente cuán necesaria es para alcanzarla el despliegue de la solidaridad, y al mismo tiempo cómo es ésta difícil y exigente, requiriendo no sólo honestas y claras motivaciones sino también análisis, proyectos y acción inteligentes. Examinemos, pues, más detenidamente la situación de las organizaciones.
Habitualmente las organizaciones económicas populares están constituidas por personas que han sido excluidas o marginadas, total o parcialmente, del mercado de intercambios, por carecer de bienes que vender, de dinero para comprar o invertir, de una fuerza de trabajo en condiciones de ser contratada, y que en consecuencia buscan, mediante la asociación y gestión en común de sus escasos recursos, acceder a los bienes y servicios que necesitan, en las mejores condiciones posibles. La puesta en común de los propios recursos y capacidades da lugar a relaciones de cooperación, y a una acentuada unificación de sus economías particulares en una unidad asociativa de producción, comercialización, consumo, etc. El objetivo que esta unidad tiene al operar hacia el mercado de intercambios es procurar para el grupo los ingresos indispensables para adquirir los bienes, servicios y factores que necesitan; con tal propósito, realizan actividades de producción, comercialización, intermediación y otras. Así, la organización experimenta una tensión hacia el mercado, en el sentido de buscar activamente reinsertarse en los circuitos de intercambio, o mejorar su participación en ellos.
El punto de partida de las organizaciones es, pues, una situación de extrema precariedad, y la meta inmediata es algo tan elemental como la sobrevivencia y subsistencia de sus integrantes. Ahora bien, es precisamente por esta extrema precariedad que se presenta en ellas con extraordinaria fuerza la cuestión de la autonomía. Esta, que podría aparecer como meta a muy largo plazo, aparece en cambio directamente asociada al logro de la subsistencia: si se logra la autosubsistencia en base a los propios recursos, esfuerzos y trabajos, se alcanza conjuntamente un nivel insospechado de autonomía y de libertad de operación, que no se pueden permitir a sí mismas ni siquiera unidades económicas y organizaciones sociales, gremiales y políticas poderosas que mantienen complejos y múltiples lazos con el mercado y con el sistema político.
Pero la autosubsistencia y la autonomía son una meta por alcanzar, hasta tanto las organizaciones no puedan prescindir de las donaciones y servicios o apoyos gratuitos a los que deben recurrir cuando no han todavía completado aquella dotación de recursos que les permita ingresos suficientes para reproducir y ampliar su propia actividad. Llegamos, así, a una primera conclusión importante: requisito de la autonomía es que la organización alcance una conveniente inserción en el mercado de intercambios, dejando de ser demandante de donaciones.
Corolario de esta afirmación es que, si se postula como objetivo la autonomía de la organización económica, su participación como beneficiario de donaciones ha de considerarse como una situación transitoria, que debe ser superada: las donaciones son liberadoras, no generadoras de mayor dependencia, en la medida que sean crecientemente innecesarias.
Si ello es un requisito del proceso de autonomización, se comprende la conveniencia de que el modo de operación de la unidad beneficiaria de donaciones y servicios gratuitos, sea distorsionada lo menos posible por esas fuentes de apoyo. Dicho en otras palabras, es conveniente que los flujos, relaciones y actividades que proceden en términos de donación se subordinen a la lógica operacional específica de la unidad económica popular, y que en todas aquellas situaciones en que los criterios y exigencias del sistema de donaciones entren en conflicto o se contradigan con los que son propios del mercado de intercambios, prevalezcan estos últimos. No parece haber otro modo de que las donaciones y apoyos sirvan para favorecer la inserción autosuficiente de las unidades en la economía y su operación autónoma y eficiente.
¿Habrá que sacar como conclusión que las relaciones de intercambio son superiores a las relaciones de donación; que la economía “de mercado” es más elevada que la economía de donaciones; que en la primera hay posibilidades de autonomía y en la segunda la dependencia es inevitable? No es preciso ser demasiado perspicaz para descubrir que tal conclusión implica una extrapolación y un salto lógico injustificado. No es la solidaridad lo que crea dependencia, sino que ella viene a subsanar una dependencia estructural generada en una economía marcadamente heterónoma, dependencia que se mantiene por todo el tiempo que el beneficiario necesite recibir donaciones para subsistir. Por lo demás, la participación en el sistema de donación como donante -o sea, el entregar solidaridad-, ésa es la plena libertad y autonomía. Cuando una organización que se ha beneficiado de donaciones y ayudas solidarias llega a estar en condiciones de prolongar el impulso donante dando de sí a otros que lo necesitan, podemos decir que el proceso de autonomización se ha completado y perfeccionado. La libertad de “dar con alegría” es la forma suprema o eminente de la autonomía; pero antes de alcanzarla es preciso haber construido varios peldaños anteriores, de modo que no es tan racional que los donantes esperen de los beneficiarios de su colaboración comportamientos altruistas con terceros, más allá de la solidaridad interna entre los integrantes de la organización y sus familias.
Los problemas que mencionamos anteriormente pueden encontrar en estas afirmaciones un modo de resolución, que no es difícil, ahora, identificar. Además, distintas formas de pasividad reforzadas por la recepción asistencialista de donaciones pueden ser eficazmente superadas mediante una aplicación del criterio de subordinar las donaciones a las exigencias de la cooperación y el intercambio. Así, se hace patente que no es conveniente que una organización económica sea provista con donaciones de aquellos recursos que es capaz de producir por sí misma o adquirir independientemente en el mercado de intercambios; en general, debe cuidarse que los donantes no realicen nunca aquello que las organizaciones pueden hacer por sí mismas. Y cuando debe enfrentarse cualquier carencia, más que resolverla directamente con la donación, es preferible que ésta se limite a proporcionar a la organización los medios con que ella misma pueda enfrentar el problema.
Con el mismo criterio general, descubrimos otras orientaciones relativas a los mejores modos de organización y gestión internas de las organizaciones para asegurar un avance progresivo y seguro hacia la autonomía, es conveniente que las formas de organización, de funcionamiento, de operación, de gestión, de distribución de los beneficios, etc., correspondan y sean coherentes con los intereses y con los modos de pensar, de sentir y de comportarse de sus integrantes, previamente discutidos y aprobados de común acuerdo. Lo que planteamos aquí es una exigencia de realismo, y de no manipulación de las organizaciones por quienes las apoyan, que a menudo son tentados a imponerles criterios de propiedad, estructuras de gestión, sistemas de distribución de los beneficios, modos de organización del trabajo, etc., que responden a sus propias concepciones ideológicas y valores, probablemente muy elevadas pero difíciles de operacionalizar en la práctica. Tales formas sutiles y encubiertas de presión hacen recordar la advertencia de Jesús a quienes “atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás”.
La experiencia enseña que la adopción de decisiones se facilita y hace más eficiente cuando la forma organizativa, las normas y reglamentos internos, expresan los intereses y aspiraciones de sus integrantes, y el pensar y sentir colectivo; no sucede lo mismo cuando el grupo se encuentra condicionado por una suerte de “andamiaje” ideológico al cual deben tratar de ser fieles, pero que no les es propio, pues entonces la adopción de decisiones se torna complicada, pierde transparencia, y surgen conflictos innecesarios, además de perder seguridad y convicción.
6. La autonomía de las organizaciones y las políticas subsidiarias del Estado.
Hasta aquí nos hemos referido especialmente a las relaciones de las organizaciones con el mercado de intercambios y con las fuentes de donaciones. Muchos aspectos de dicho análisis mantienen validez en relación también al otro camino a través del cual las organizaciones pueden acceder a recursos y factores, a saber, las subvenciones y políticas públicas de apoyo; pero hay aspectos específicos que examinar a este respecto.
En el movimiento cooperativo existe una amplia experiencia sobre las relaciones que las unidades económicas y sus instancias de integración y coordinación pueden establecer con las políticas públicas, en particular en cuanto a la transferencia y apropiación de recursos económicos. Desde un punto de vista formal, estas relaciones no difieren demasiado de las que las organizaciones establecen en el mercado de intercambio y en el sistema de donaciones institucionales; en cierto sentido, la problemática de las “asignaciones jerárquicas” y subvenciones se coloca en un plano intermedio, entre las relaciones de intercambio en el mercado y las donaciones institucionales, teniendo elementos que las aproximan a ambas.
Pero el problema se torna complejo, y requiere análisis mucho más amplios de los que podemos aquí desplegar, particularmente en función de nuestra temática de la autonomía, debido a que el significado de estas relaciones y de esta vía de apropiación de factores depende notablemente de las características y condiciones del proceso político, del carácter y modo de ser de la institucionalidad estatal, y del proyecto ideológico y societal en el que se enmarca la acción pública.
Así por ejemplo, en el contexto de procesos políticos autoritarios y no-democráticos, este tipo de asignaciones y subvenciones suele ir acompañada de condicionamientos y mensajes tendientes a inducir en los receptores determinados comportamientos deseados por la autoridad, o a evitar comportamientos que el poder público considera inapropiados o inconvenientes para el tipo de orden social que se propone implantar. En otros casos, de signo político muy distinto, esas asignaciones y subvenciones que el Estado canaliza hacia las organizaciones económicas populares y cooperativas se encuadra en procesos y políticas de reforma social (como la reforma agraria, la reforma de la empresa, etc.), o de promoción y organización popular (tendientes a la integración social de los sectores marginados, por ejemplo), o incluso de movilización popular para acelerar procesos revolucionarios o reformistas; en tales casos, suelen ir acompañadas de mensajes ideológicos y doctrinarios.
Cualquiera sea el caso, la apropiación de factores (de parte de las organizaciones económicas populares y otras formas de economía solidaria y alternativa) a través del estrechamiento de relaciones con el poder público, plantea complejos aspectos desde el punto de vista de la autonomía y del proceso de autonomización de las organizaciones, que deben ser reflexionados en profundidad.
Una primera observación general que puede hacerse, es que habitualmente la posibilidad de captar recursos por esta vía se facilita mediante una conveniente y oportuna inserción en los procesos políticos, particularmente articulada con aquellos sectores que controlan el poder o que tienen real incidencia sobre la asignación de recursos presupuestarios. Ahora bien, si tal inserción es buscada o perseguida en cuanto medio para la obtención de las subvenciones y aportes públicos, estamos en presencia de comportamientos que merecen el calificativo de oportunistas y poco honestos, porque implican que se subordinan los propios modos de pensar y de sentir, y la participación política, a la persecución de intereses económicos de corto plazo.
Aún cuando no sea este el caso, la autonomía de la organización puede verse amenazada (especialmente si entendemos la autonomía en el sentido amplio que precisamos en el primer apartado) debido a que normalmente estas asignaciones de recursos están acompañadas de mensajes ideológicos y de objetivos políticos puestos por el órgano asignador (el Estado, el municipio, etc.), que van a condicionar el accionar concreto de la organización. Siendo así, podemos deducir que la autonomía del grupo receptor estará crecientemente afectada en la medida que las ideologías y políticas públicas sean más diferentes y opuestas a las que tienen los integrantes de la organización; por el contrario, mientras más el mensaje y los objetivos políticos internos, de los miembros de la organización receptora, se aproximen, estén representados o se identifiquen con los que promueven los poderes políticos asignadores, menor será la instrumentalización de que el grupo sea objeto, y mayor podrá ser el respeto de su autonomía, pues sus propios objetivos de grupo no se encontrarán contradichos (sino, incluso, reforzados) por la acción pública que le otorga beneficios y favorece su desarrollo.
En cualquier caso, permanece la necesidad de que no se generen vínculos de dependencia de las organizaciones con respecto a este camino de recepción e integración de recursos y factores, especialmente debido a la inestabilidad y a las oscilaciones que caracterizan la vida política en nuestros países latinoamericanos, que afectan directamente a las organizaciones en su propia continuidad.
Un tratamiento exhaustivo del tema no es posible en el marco de este trabajo, debiendo limitarnos a pocas observaciones generales, especialmente orientadas a advertir que el problema debe ser enfocado desde una perspectiva nueva, distinta a las tradicionalmente conocidas y aplicadas con respecto al cooperativismo, la “promoción popular”, las políticas sociales, los subsidios, etc.
La cuestión decisiva para formular y construir el nuevo enfoque necesario, es la de las relaciones que se han de establecer entre el pueblo organizado y el Estado. Comenzamos nuestro estudio de las experiencias de organización económica popular constatando que ellas surgieron precisamente de una ruptura del sistema de relaciones tradicionales entre el poder público y las organizaciones populares; tal ruptura no fue ciertamente un desliz de la historia sino resultado de una crisis profunda en aquel sistema de relaciones tradicionales, tal como lo dejamos planteado desde el primer acápite de este libro. Este mismo proceso organizativo puede ser entendido -de algún modo- como un esfuerzo de rearticulación de las relaciones quebradas; pero sería no haber comprendido nada creer que el proceso tiende a reconstruir el mismo sistema de relaciones tradicionales -esas propias del antiguo Estado representativo-burocrático y de los regímenes populistas- entre las organizaciones populares y el poder público. Dicho en otras palabras, es preciso asumir seriamente el hecho que estas nuevas experiencias de organización popular, con sus características y tendencias propias que acentúan una demanda de autonomía respecto de los poderes económicos y políticos dominantes, expresan una búsqueda de un nuevo tipo de relaciones entre economía y política, entre sociedad civil y Estado. Sobre ello volveremos más adelante.
En una democracia nueva todo esto debe ser valorizado. En particular, todo esfuerzo que hagan los organismos públicos por promover y apoyar la economía popular de solidaridad y sus variados tipos de organizaciones, deberá partir recogiendo las nuevas aspiraciones de los sectores populares expresadas en estas formas emergentes de organización, sus experiencias, el modo como han hecho frente a la crisis, las formas en que han buscado la satisfacción de las necesidades, etc.
En tal perspectiva, no cabe duda de que un rol especial habrán de asumir las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que apoyan a las organizaciones de base. Si ellas en estos años han cumplido un papel decisivo en la intermediación del sistema de las donaciones provenientes de fundaciones y agencias internacionales, todo hace pensar que un rol aún más significativo podrán cumplir en el futuro, cuando se trate de intermediar entre el Estado democrático y una organización social y popular que busca enfrentar la solución de sus problemas y necesidades en términos de cooperación, autonomía y autogestión. (14)
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(14) Para una meditación más profunda de este problema, y más en general de los varios aspectos tratados en este capítulo, pueden consultarse los capítulos VII, VIII y IX del citado Economía de Solidaridad y mercado democrático, libro primero. En cuanto al asunto específico de las relaciones entre organizaciones económicas populares y políticas públicas, en una perspectiva de concertación social, ver C. Hardy y L. Razeto, “Nuevos actores y prácticas populares: desafíos a la concertación”, Centro de Estudios del Desarrollo (CED), noviembre de 1984.
Luis Razeto
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